Fedepesca, la patronal que agrupa a más de 6.000 pescaderías en todo el país, ha denunciado en un comunicado que las decisiones del Gobierno de España están dejando en una situación de vulnerabilidad a los autónomos del comercio de pescado.
En su nota, el sector expresa la “frustración y la falta de comprensión” que, a su juicio, demuestran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al realizar declaraciones que tratan a todas las empresas como si fueran grandes multinacionales, ignorando la realidad de los pequeños negocios.
El presidente de Fedepesca, Francisco Abad, recuerda que “muchos empezamos a trabajar de niños, en una España en la que no había los derechos de los que afortunadamente disfrutamos ahora. No pudimos estudiar y, con gran esfuerzo y orgullo, hemos conseguido montar nuestros pequeños negocios familiares, madrugando cada día y luego abriendo en horario comercial, incluidos sábados, y contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país, y nos encontramos con este maltrato tras toda una vida trabajando”.
La organización subraya que el contexto para las pequeñas empresas ya es muy complicado. Cita datos de Cepyme, según los cuales en los últimos cinco años han desaparecido 23.000 microempresas, en gran parte por el incremento de los costes. Las pescaderías se han visto especialmente golpeadas por esta tendencia y han perdido un tercio de sus establecimientos desde 2007.
Preocupación por el nuevo Real Decreto sobre el SMI
La patronal muestra su “preocupación” ante las recientes manifestaciones de Yolanda Díaz, que ha avanzado la preparación de un nuevo Real Decreto para impedir que las empresas utilicen pluses o complementos salariales para llegar al nuevo SMI. Esta medida vetaría la práctica de la absorción y compensación de complementos, que hasta ahora ha permitido a muchas pymes cumplir con el salario mínimo sin disparar el coste fijo de sus plantillas.
Fedepesca advierte de que, en cómputo anual, el efecto de este cambio normativo superaría, como mínimo, los 3.000 euros por trabajador, sin contar el incremento adicional que suponen las cotizaciones sociales. Un sobrecoste que la patronal considera inasumible para pequeños empleadores de carácter familiar.
En este contexto, Francisco Abad ha invitado a la ministra a acompañarle en una jornada completa de trabajo para que pueda comprobar de primera mano el esfuerzo que conlleva sostener estos negocios y que “aterrice en la realidad” de España. “Si lo que quiere es acabar con los pequeños negocios familiares, lo va a conseguir”, ha lamentado.
Además, Fedepesca critica la carga añadida que soportan los responsables de estas microempresas por las exigencias burocráticas que emanan de la administración. Considera que se les impone un volumen de tareas extra mientras la administración pública “a la que se le llena la boca de simplificación administrativa, pero que menosprecia” el trabajo de asesores y gestores administrativos, que son quienes ayudan a los pequeños empresarios a cumplir con todas las obligaciones.