El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha pedido formalmente intervenir en el conflicto legal generado por el recurso de inconstitucionalidad que Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha presentado. Este recurso cuestiona tres aspectos de la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que, según denuncias, han dejado vulnerable a la especie.
En un comunicado emitido este lunes, el grupo ha reaccionado a las noticias sobre los preparativos de un recurso por parte de las comunidades de Castilla y León, Cantabria y Asturias ante el Tribunal Constitucional. Estas comunidades buscan respaldar la constitucionalidad de las normas que excluyeron al lobo del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE), una acción que ‘de facto permite cazar lobos en sus territorios’.
El colectivo argumenta que estas normas son ‘inconstitucionales’ debido a ‘irregularidades’ observadas en su tramitación y aprobación, y por haber desprotegido al lobo ibérico en ambas vertientes del río Duero.
El recurso presentado por el Defensor del Pueblo, que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 22 de julio, invoca, entre otros, la infracción del artículo 45 de la Constitución, que trata sobre el derecho y la protección del medio ambiente, y cuestiona el derecho de tutela judicial efectiva y el proceso de tramitación e inclusión de las normas que ponen en riesgo al lobo ibérico.
El Fondo Lobo se posiciona en línea con los argumentos del recurso de inconstitucionalidad y ha destacado las ‘deficiencias legales y formales’ en la tramitación de la Ley 1/2025, indicando que esta ley, que originalmente buscaba reducir el desperdicio alimentario, se transformó en una herramienta para la desprotección del lobo en España debido a maniobras políticas en el Senado lideradas por el PP y otros grupos de derecha y ultraderecha.
Finalmente, el Fondo Lobo ha reafirmado su compromiso de seguir abogando por la protección del lobo en España basándose en principios científicos y legales.