El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha alertado este martes sobre las incoherencias y el "exceso de burocracia" que, a su juicio, presenta la normativa de las ayudas a la inversión en explotaciones agrarias incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2025.
Pumares ha expresado su inquietud por "las contradicciones existentes entre las bases reguladoras, la convocatoria y las instrucciones técnicas publicadas posteriormente por la Administración", al considerar que están originando "dudas interpretativas y una evidente inseguridad jurídica" entre los potenciales beneficiarios.
Según ha remarcado, esta problemática se da "en pleno plazo de presentación de solicitudes", lo que a su entender puede derivar en "problemas en la tramitación de los expedientes, errores en la documentación presentada o incluso la exclusión de solicitantes que cumplen los requisitos", con consecuencias directas para numerosas explotaciones agrarias del Principado.
El dirigente de Foro ha incidido en que determinados puntos de la convocatoria "introducen requisitos administrativos que incrementan de forma notable la carga burocrática para agricultores, ganaderos y técnicos", complicando el acceso a unas subvenciones que "deberían servir precisamente para apoyar la modernización y mejora de las explotaciones".
Entre los aspectos que más inquietud suscitan, ha señalado las diferencias en torno a la documentación que se exige en el momento de presentar la solicitud, la ausencia de precisión sobre el momento en que una inversión puede considerarse ejecutada o la exigencia de aportar varias ofertas de proveedores "incluso en supuestos en los que no aporta valor al control de costes".
Pumares ha recalcado que estas líneas de apoyo "son una herramienta clave para mejorar la competitividad del sector primario y favorecer el relevo generacional", por lo que ha estimado "imprescindible que su regulación sea clara, coherente y no añada obstáculos administrativos innecesarios" para los profesionales del campo.
En consecuencia, ha instado al Gobierno del Principado a ofrecer "una aclaración inmediata de los criterios aplicables y la corrección de las incoherencias detectadas, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, facilitar la tramitación de las solicitudes y evitar perjuicios a los agricultores y ganaderos asturianos".