La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han expresado su descontento ante la actitud del Gobierno de España, calificándola de «sectarismo» debido a la inminente aprobación de cambios en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y el incremento de los caudales ecológicos, previstos para diciembre.
En una reunión en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), figuras clave como Miguel Barrachina, Sabina Goretti Galindo y Toni Pérez, junto a alcaldes y regantes, discutieron los potenciales «recortes» que estas medidas podrían implicar.
Barrachina ha cuestionado estas modificaciones, alegando que se han llevado a cabo «sin respaldo técnico, sin diálogo real y sin escuchar a los regantes ni a las comunidades autónomas afectadas». Además, ha indicado que estas acciones «ponen en riesgo el futuro de miles de familias y el equilibrio hídrico», y podrían transformar la huerta de Alicante en un desierto.
Asimismo, ha enfatizado que decisiones de esta magnitud deberían fundamentarse en «informes rigurosos, expertos y transparentes», y no en criterios políticos. Barrachina también ha destacado la importancia del trasvase Tajo-Segura como pilar para el desarrollo económico, social y medioambiental de la zona.
«Defenderemos cada gota de agua que corresponde a nuestros agricultores y a nuestros regantes. No aceptaremos recortes injustificados ni decisiones que comprometan décadas de esfuerzo», aseguró el conseller. Además, ha pedido una «revisión urgente» de los envíos de agua a Portugal, criticando que se envíe el doble de lo solicitado por este país.
Por su parte, Toni Pérez ha señalado que las nuevas reglas y el aumento de los caudales ecológicos suponen un «atentado» no solo medioambiental sino también económico y social para Alicante. Ha valorado la «alineación perfecta y por fin real» con la Generalitat en la defensa de esta infraestructura.