La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han manifestado su descontento, tildando de «sectarismo» la actitud del Gobierno de España frente a las futuras regulaciones «previstas para el mes de diciembre» del trasvase Tajo-Segura, incluyendo «el aumento de los caudales ecológicos».
Estas afirmaciones se dieron a conocer en declaraciones conjuntas tras un encuentro celebrado este miércoles en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), donde participaron el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, junto a regantes y alcaldes de municipios potencialmente afectados por estos «recortes» en el trasvase.
Miguel Barrachina ha criticado duramente las posibles nuevas regulaciones del trasvase Tajo-Segura, argumentando que se toman «sin respaldo técnico, sin diálogo real y sin consideración a los regantes ni a las comunidades autónomas implicadas». Además, ha advertido que estas medidas, «impulsadas por el Gobierno de España», podrían «comprometer el futuro de miles de familias y el balance hídrico que ha convertido al sureste español en un referente agrícola» y ha agregado que «la implementación de estas normativas podría transformar la huerta de Alicante en un desierto».
Barrachina ha insistido en que las decisiones no deben tomarse unilateralmente ni siguiendo criterios políticos, sino en base a «informes rigurosos, expertos y transparentes». Ha destacado la importancia del trasvase Tajo-Segura como «infraestructura crucial para el desarrollo económico, social y medioambiental de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y el sureste andaluz» y ha afirmado: «Defenderemos cada gota de agua que corresponde a nuestros agricultores y a nuestros regantes. No aceptaremos recortes injustificados ni decisiones que comprometan décadas de esfuerzo».
Por su parte, Toni Pérez ha señalado que la revisión de las reglas de explotación del trasvase y el incremento de los caudales ecológicos previstos para diciembre podrían representar «un ataque no solo al medio ambiente, sino también a la economía y la sociedad de la provincia». Ha subrayado la «alineación perfecta y finalmente real» con la Generalitat Valenciana en la defensa de esta infraestructura.