La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han urgido al Gobierno de España a que “financie” las actuaciones del proyecto Vertido Cero en las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, con el fin de que “aseguren” un “proyecto estratégico tanto para el regadío como para los usos urbanos”.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, junto con el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, han defendido esta petición tras una reunión de trabajo celebrada este lunes con representantes de ayuntamientos y comunidades de regantes afectados por estas infraestructuras, según han detallado ambas administraciones en comunicados separados.
“No podemos renunciar a estas actuaciones. Por ello, pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica que no dé la espalda a los regantes y a los ciudadanos de Alicante. Exigimos que cumpla con su compromiso y con la responsabilidad que le corresponde”, ha afirmado Barrachina.
El conseller ha recordado además: “Se trata de actuaciones de Interés General del Estado, enmarcadas dentro de la Ley 11/2005, que modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, que ya deberían de estar finalizadas y que, sin embargo, no se han ejecutado por la inacción del Gobierno de España, llegando incluso a perderse los fondos europeos asignados para su desarrollo”.
Según ha explicado, “este Consell ha estado en todo momento pendiente de que se ejecutaran” las obras previstas: “Elaboramos los proyectos y los trasladamos al Ministerio, hemos mantenido diversas reuniones con los representantes estatales y, en dos ocasiones, incluso nos hemos ofrecido a financiar parte de las obras para facilitar su puesta en marcha”.
Barrachina ha subrayado que “somos plenamente conscientes de que se trata de actuaciones fundamentales para mejorar la calidad de las aguas de las playas de la Bahía de Alicante, pero también para garantizar recursos hídricos para nuestros regantes. No podemos permitir que el Gobierno de España recorte el agua destinada a nuestros campos y, al mismo tiempo, niegue las inversiones necesarias para generar más recursos”, ha apostillado.
“RIESGO” para la agricultura alicantina
En la misma línea, el conseller ha advertido de que “recortar el trasvase Tajo-Segura, no reparar la balsa de San Diego y negar las inversiones en estas depuradoras equivale a poner en riesgo la agricultura de la provincia de Alicante”.
“En esta tierra tenemos claro que cada hectómetro cúbico de agua cuenta, es imprescindible y puede marcar la diferencia entre preservar nuestro paisaje agrícola o avanzar hacia la desertificación”, ha aseverado, insistiendo en la importancia de cada recurso hídrico disponible.
Durante el encuentro con regantes y alcaldes, Barrachina ha reiterado que el Consell “va a seguir insistiendo” ante el Ejecutivo central para que “estas dos actuaciones sean una realidad lo antes posible”.
Asimismo, ha remarcado que “estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo de financiación, porque somos plenamente conscientes de la necesidad de garantizar agua para la agricultura y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de nuestras playas”.
“NUEVO AGRAVIO” y competencias del Estado
Por su parte, Toni Pérez ha remarcado que estos “son proyectos cuyo impulso recae, en exclusiva, bajo la responsabilidad de la administración general del Estado y sobre un aspecto ambiental de su competencia”.
El presidente de la Diputación ha advertido de que “las consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, por la no ejecución de las medidas aprobadas en el plan hidrológico y, como consecuencia, no alcanzar los objetivos ambientales de la masa de agua costera, así como las consecuencias jurídicas (quizás penales) por la no eliminación del vertido conforme a la autorización otorgada, lo que solo se puede lograr mediante la reutilización de las aguas depuradas, será imputable al Estado”.
“De no llevarse a cabo estas obras”, ha destacado Toni Pérez, “el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso con un proyecto de interés general y sumando un nuevo agravio a la larga lista de desprecios que en materia hídrica viene infringiendo Pedro Sánchez a esta provincia, como los continuos recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura o el abandono de la balsa de San Diego, esencial para el trasvase Júcar-Vinalopó”.
Finalmente, ha incidido en que en esta reivindicación “la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana están perfectamente alineadas para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un trato justo para la provincia de Alicante en materia hídrica”.
A la reunión han asistido también la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna; la directora general de Agua, Lourdes Pérez; el director territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Alicante, Juan Planelles; los alcaldes de Agost y Mutxamel, Juan José Castelló y Rafael García Berenguer, respectivamente, además de representantes de otros consistorios y comunidades de regantes.
Críticas del PSPV: “tres años sin mover un dedo”
En paralelo, el PSPV en la Diputación ha reprochado al Consell que, “después de tres años sin mover un dedo, y a menos de seis meses de perder los fondos Next Generation”, pretenda “ahora” que “las obras se financien mediante exenciones reservadas para situaciones de catástrofes”.
Los socialistas han acusado al conseller de haber “utilizado” la institución provincial para “difundir un relato falso” sobre el proyecto Vertido Cero y “tratar de responsabilizar al Gobierno de España de su propia incompetencia en la gestión de los fondos europeos”.
Según un comunicado del grupo socialista, este asunto es “plena competencia de Conselleria ya que esta fue la administración que presentó los fondos Next Generation”.
“El conseller, que ha reconocido por primera vez que van a perder los fondos Next Generation, ha convocado a los alcaldes en la Diputación a la misma hora en que la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación preside en Elche el acto de entrega de las obras de modernización de regadíos a la Comunidad General de Riegos de Levante (Alicante)”, ha apuntado el PSPV.
Para el diputado socialista Raúl Ruiz, esta coincidencia supone “una contraprogramación deliberada cuyo único objetivo es generar ruido político y ocultar una realidad incontestable”, ya que, según ha subrayado, “la Generalitat ha dejado pasar tres años sin resolver la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sin culminar expropiaciones ni poner a disposición los terrenos necesarios, poniendo en riesgo más de 339 millones de euros de inversión y la financiación europea Next Generation que debía justificarse en julio de 2026”.
Ruiz ha asegurado que “la tramitación ambiental y la redacción de los proyectos constructivos dependen exclusivamente de la Conselleria como promotora del proyecto”. “Han perdido más de 200 millones de euros; sin DIA, sin expropiaciones y sin adaptación definitiva de los proyectos, no es posible ejecutar las obras ni justificar los fondos europeos”, ha argumentado.
Desde el grupo socialista han mantenido que, “lejos de asumir su responsabilidad, el conseller ha planteado al Ministerio una reformulación de la financiación que supone, de facto, reconocer la renuncia a los fondos Next Generation”.
“El Ministerio para la Transición Ecológica ha reiterado su apoyo a la reutilización del agua regenerada, alineada con el II Plan de Acción de Economía Circular y con la Estrategia Europea de Resiliencia en el ámbito del agua”, han sentenciado.