QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El GOB ha lanzado críticas hacia el Govern por impulsar una normativa que, según ellos, profundiza en su ‘estrategia de desmantelamiento de la protección territorial y ambiental’ al tramitar el anteproyecto de la nueva ley agraria.
La organización ha presentado una serie de alegaciones contra un documento que, en su opinión, ‘no defiende el campo ni la payesía sino que forma parte de una ofensiva legal que pone el territorio al servicio de la especulación urbanística, energética y turística’.
En un comunicado, los ecologistas han situado esta propuesta de ley junto a otras normativas aprobadas durante esta legislatura, como la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, la ley de simplificación administrativa o la ley de obtención de suelo.
‘Este nuevo texto pone el suelo rústico en el centro del negocio, desregulándolo y debilitando los mecanismos de control público. Es una pieza más del engranaje de desregulación que desmantela la protección ambiental y urbanística de las Islas. No es una ley agraria, es una ley para colonizar el campo’, sostienen desde el GOB.
Según el grupo ecologista, la futura ley permitiría la legalización de construcciones ilegales anteriores a 1991, lo que se traduciría en ‘una amnistía urbanística encubierta’; permitiría nuevas edificaciones en parcelas pequeñas bajo el pretexto de ‘ocio o autoconsumo’ ‘que podrían transformar el paisaje rural en una red de chalets’; eliminaría las autorizaciones ambientales en favor de declaraciones responsables; e introduciría cambios legislativos ‘escondidos’ que amenazarían la conservación de los espacios naturales.
Además, promovería la instalación de energías renovables en terrenos agrícolas productivos ‘sin garantías ni limitaciones’; consolidaría las macrogranjas y su modelo intensivo con impactos negativos sobre los acuíferos; y pondría la gestión forestal al servicio de intereses económicos.
‘Cada nueva norma abre un agujero más en la ordenación del territorio. Ahora es el turno del campo. Con esta ley agraria el Govern liquida décadas de avance en la protección del suelo rústico y de la planificación territorial’, profundiza el GOB.
Además de comprometer la coherencia territorial, la normativa impulsada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural también podría dañar la soberanía alimentaria de Baleares y la supervivencia de su paisaje rural.
Por esto, el GOB ha pedido la retirada del texto en tramitación y la apertura de un proceso participativo real con el sector agrario, las entidades ambientales y la ciudadanía.
El fin sería desarrollar una ley que proteja el suelo agrario como recurso estratégico, asegure la viabilidad de la payesía de pequeña escala y proteja el territorio ‘frente a la presión de la especulación’.
