El Gobierno señala situación ‘desfavorable’ del lobo en España, críticas del PP por no reportar a Bruselas

El Gobierno ha declarado que el estado del lobo en España es ‘desfavorable’, mientras que el Partido Popular ha alertado al Gobierno sobre la ilegalidad de omitir el envío del informe sexenal a la Comisión Europea acerca de la situación de esta especie, calificándolo de ‘delito’.

‘El conocimiento técnico y científico basado en los datos objetivos proporcionados por las propias comunidades autónomas y que atiende a prescripciones técnicas y de formato establecidas por la Comisión Europea es claro, cristalino, el lobo se encuentra en España en estado desfavorable’, afirmó Alejandro Dorado Nájera, Comisionado para la Economía Circular, en su intervención ante la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Dorado Nájera, respondiendo a preguntas del Grupo Parlamentario Popular, explicó que el retraso en enviar el informe a la Comisión Europea se debe a una prórroga, negando cualquier irregularidad. Además, destacó que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha preparado un informe científico-técnico ‘exhaustivo’ que subraya el precario estado de conservación del lobo.

El aplazamiento para la remisión del informe fue solicitado tras la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad relacionados con la Ley de Desperdicio del Inventario. Estos recursos, presentados por el Defensor del Pueblo y 50 senadores del PP, introdujeron un factor de incertidumbre que justificó la solicitud de prórroga.

Adicionalmente, Dorado Nájera mencionó los devastadores incendios forestales de 2025, que han impactado significativamente en las áreas de hábitat del lobo, afectando a un 18% de su área de distribución y hasta al 90% de su población en algunas provincias.

En contraparte, Milagros Marcos Ortega, diputada del PP, criticó el uso de los incendios como justificación para el retraso y advirtió sobre la obligación del Gobierno de convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, su omisión sería una ‘desviación de poder y eso es un delito’, afirmó. ‘Deberían aprobar ya el informe sexenal y enviarlo a Bruselas, porque no hacerlo también es un delito de inactividad administrativa con perjuicio claro del administrado’, concluyó Marcos Ortega.