El Govern ha trasladado un mensaje de tranquilidad al sector ganadero y al conjunto de la población ante la peste porcina africana (PPA), subrayando que tanto en Baleares como en el resto del Estado permanecen operativos todos los sistemas de vigilancia necesarios y se dispone de los instrumentos adecuados para intervenir si fuera preciso.
Desde la Dirección General de Agricultura, Pesca y Medio Natural han insistido en que la peste porcina es una patología exclusiva de los animales y que no representa un riesgo para la salud humana, ni por el contacto directo con cerdos o jabalíes ni por el consumo de carne o de productos cárnicos derivados.
El director general del área, Fernando Fernández, ha puesto en valor el trabajo de las autoridades catalanas, que están llevando a cabo “una labor encomiable” y ha precisado que, en este momento, el foco detectado continúa limitado a la zona inicialmente acotada y afecta únicamente a jabalíes.
Según ha recalcado, “No hay ninguna explotación de porcino afectada y, cada día que pasa, la información que nos llega de Cataluña y del Ministerio refuerza estas ideas. No hay peste porcina en ninguna otra zona y, por supuesto, tampoco en Baleares”.
Red de alertas y programas de control
En relación con las herramientas disponibles para hacer frente a situaciones sanitarias como la actual, Fernández ha recordado que desde 2018 la Dirección General cuenta con un plan de alertas de sanidad animal, revisado de forma periódica para adaptarlo a la evolución del riesgo.
Además, a nivel estatal funciona el Programa Nacional de Vigilancia de la Peste Porcina Africana, que el Ministerio y las comunidades autónomas actualizan y aprueban cada año en el seno del Comité Rasve. Este programa fija el número y el tipo de controles que deben desarrollarse en cada territorio en función de su perfil de riesgo.
En este contexto, ha explicado Fernández, actualmente se está ejecutando el plan correspondiente a 2025. Paralelamente, la Dirección General ha diseñado un protocolo específico de actuación frente a la PPA, que es el que se está aplicando desde que se notificó el foco en Cataluña.
Como en ejercicios anteriores, también en 2025 la Dirección General de Agricultura ha completado la totalidad de las actuaciones de vigilancia previstas en la normativa estatal.
En concreto, se han visitado y muestreado siete explotaciones porcinas, el cupo asignado a Baleares según los criterios de riesgo epidemiológico fijados por el Ministerio, y se han analizado 673 muestras, recogidas en dos campañas, una en marzo y otra en noviembre.
Todas las pruebas de laboratorio, incluidas las serologías destinadas a detectar la presencia de anticuerpos y, por tanto, la posible existencia de contactos previos con el virus, han resultado negativas.
Este dispositivo de 2025 se integra en una vigilancia continuada que ha permitido mantener el territorio libre de la enfermedad en los últimos años.
Ya en 2023 se llevó a cabo en las Islas un muestreo intensivo que alcanzó 731 análisis, también concentrados en los periodos de mayor riesgo de dispersión epidemiológica, sin que se detectara circulación del virus.
Durante 2024 se mantuvo un nivel de control similar, con un volumen de muestras equiparable al de años previos y, nuevamente, con resultados negativos.
En total, más de 2.100 muestras analizadas en tres años avalan, según la Conselleria, la solidez del sistema autonómico de vigilancia y su capacidad para identificar de forma temprana cualquier amenaza.
Refuerzo del protocolo autonómico frente a la PPA
La situación epidemiológica en Europa, marcada por la detección reciente de un foco en Cataluña, ha obligado este año a reforzar el Protocolo Autonómico frente a la PPA.
Para la elaboración de este documento, la Dirección General dispone de la geolocalización de todas las explotaciones porcinas de Baleares y, siguiendo un manual técnico elaborado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), identifica aquellas instalaciones con mayor nivel de riesgo, actualiza las encuestas de bioseguridad, endurece los controles sobre los movimientos de animales hacia Baleares y refuerza la revisión de todas las medidas de control ya implantadas.
Asimismo, se intensifica la coordinación entre los distintos servicios implicados y se concretan con mayor detalle los circuitos de actuación en caso de sospecha de enfermedad.
Para Fernández, el conjunto de estas medidas pone de manifiesto que la respuesta frente a la PPA está planificada desde hace años y no es fruto de la improvisación. “Baleares se coordina en el marco de los programas estatales, hace lo que le corresponde y lleva años preparada”, ha señalado.
Ante el foco detectado en Cataluña, el director general ha añadido que el dispositivo se refuerza por prudencia y porque así lo exige el contexto epidemiológico europeo.
Ha recordado igualmente que todas las explotaciones tienen la obligación legal de contar con planes de bioseguridad y de aplicar las medidas previstas en los mismos.
Con el objetivo de facilitar su cumplimiento, la labor de la Dirección General se centra en supervisar y acompañar al sector, pero también en exigir que se respeten las normas; por ello, el protocolo de actuación contempla repetir las encuestas de bioseguridad en las explotaciones catalogadas como de mayor riesgo.
Estas encuestas permiten identificar los puntos débiles de cada granja para que sus responsables puedan aplicar las correcciones necesarias y reforzar así la prevención frente a la PPA.