Greenpeace ha reclamado que se deje fuera de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a los fondos de inversión y 'holdings' empresariales, que se garantice un reparto “justo” de esas subvenciones, se vinculen a criterios sociales y ambientales y se avance hacia una transparencia corporativa “real”.
La organización también plantea regular el mercado de la tierra con un acompañamiento “público y local”. Paralelamente, pide reforzar el control sobre la integración vertical —cuando una sola corporación o alianza empresarial domina todos los eslabones de la cadena de valor— y poner freno a la formación de oligopolios en el sector.
Estas demandas se recogen en el informe “El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español”, presentado este jueves. Con este trabajo, la ONG denuncia que el agronegocio, entendido como agricultura controlada por fondos internacionales y grandes capitales, “está concentrando recursos críticos, provocando una pérdida masiva de soberanía, agrobiodiversidad y puestos de trabajo en las zonas rurales”.
La entidad propone además revisar los Planes Hidrológicos para suprimir las concesiones “donde se benefician modelos de producción superintensiva frente al tradicional”, avanzar hacia una reasignación del agua que priorice una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio, y crear Bancos Públicos de Agua y una revisión de concesiones históricas.
Según Greenpeace, la inversión del agronegocio en la Península Ibérica pasó de 800 millones de euros en 2021 a 2.200 millones de euros anuales en 2023. Hasta mayo de 2025 se habían cerrado operaciones por otros 400 millones y se negociaban 3.000 millones adicionales.
La ONG alerta de que el modelo superintensivo de regadío está generando fuertes desequilibrios dentro del propio campo. A su juicio, los planes hidrológicos de cuenca han “beneficiado” a estas grandes explotaciones, concediéndoles “mayor volumen de agua”.
“Cuando hay sequía, el olivar tradicional, el mayoritario, produce muy poco (por falta de lluvia o restricciones de riego), lo que reduce la cosecha total y sube los precios. En cambio, el olivar superintensivo mantiene buena producción y es el principal beneficiado de esa subida”, ha indicado.
Greenpeace subraya además que los grandes grupos y fondos internacionales “son receptores habituales de millonarias ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y otras subvenciones públicas” pese a que algunos de estos capitales “han reconocido públicamente no necesitarlas”.
La organización recuerda que el “0,08%” de beneficiarios de la PAC percibieron en 2024 más de 500.000 euros cada uno, lo que supuso el 10% del presupuesto total de la medida, mientras que el “60%” cobró menos de 5.000 euros anuales. “Las ayudas del primer pilar de la PAC tienen el objetivo de apoyar la renta de agricultores, no engrosar las cuentas de grandes empresas que ya son rentables per se”, ha indicado.
Subida del precio de la tierra y pérdida de relevo generacional
La ONG advierte de que la irrupción de fondos de inversión y grandes 'holdings' empresariales está disparando el precio de la tierra agrícola. En zonas de olivar de regadío de Sevilla donde se ha extendido el cultivo intensivo, el valor de las fincas se ha incrementado un 24,6% entre 2020 y 2024.
A juicio de Greenpeace, este encarecimiento impide que los pequeños agricultores puedan competir, ampliar sus explotaciones o facilitar el relevo generacional. “Concretamente en Andalucía, en 2024, nueve de cada diez compraventas de fincas rústicas se realizaron sin hipoteca, lo que indica que el mercado está dominado por grandes capitales con liquidez inmediata”, han ejemplificado los ecologistas.
La organización observa que estos modelos intensivos reducen la necesidad de mano de obra y facilitan la entrada de capital que no requiere experiencia agraria directa, al basarse en sistemas muy mecanizados y fácilmente externalizables.
“En el olivar, ha surgido una nueva figura de “intermediarios gigantes” (como Balam o Todolivo) que se encargan de todo: desde la mejora genética y la plantación, hasta la recogida, permitiendo que inversores ajenos al campo operen fincas como si fueran franquicias”, ha resaltado.
Fondos internacionales y nuevos actores en el campo ibérico
En su investigación, Greenpeace señala que Canadá se ha convertido en un actor clave en el campo ibérico a través de grandes fondos de pensiones y gestoras como Fiera Comox, PSP Investments, el fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Montada de Canadá, o el Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), el fondo de los profesores de Ontario “que cuenta con un proyecto de 3.000 hectáreas de olivar superintensivo en Portugal”.
La ONG menciona también a Cibus Capital, firma londinense especializada en el 'agribusiness', así como a Atitlán o Beka & Bolschare Iberian Agribusiness, cuyo principal accionista es la Mutualidad de la Abogacía y que se centra en olivar, almendro y aguacate. Junto a ellos, los ecologistas destacan la presencia de grandes fortunas como De Prado “cuya estrategia se basa en asegurar fincas con “safe water” (agua garantizada)”.
Además, Greenpeace apunta a la actividad de Iberian Smart Financial Agro (ISFA), “centrada exclusivamente en el almendro superintensivo”, y de Lizard Agro. “A través de sus sociedades AlmondPlus, han invertido más de 46 millones de euros en plantaciones de almendro en Aragón”, han señalado.