La industria tabacalera insta a los Gobiernos a evitar acuerdos irrealizables que incentiven el contrabando

Representantes de la industria tabacalera solicitan a los Gobiernos adoptar medidas realistas que no fomenten el comercio ilegal.

En la undécima edición de la Conferencia de las Partes (COP), representantes de agricultores, procesadores, fabricantes y distribuidores de tabaco han solicitado a los Gobiernos no adoptar medidas “inaplicables” o que potencien el comercio ilegal. Esta reunión, que se celebra cada dos años y cuenta con la participación de España, se desarrollará en noviembre de 2025 en Ginebra, Suiza.

Águeda García-Agulló, directora general de la Mesa del Tabaco, ha manifestado a Europa Press que es crucial que los Gobiernos se decanten por acciones “aplicables”, basadas en la situación actual y en evidencia científica, en lugar de “acuerdos que no son posibles de llevar a cabo”.

LA REDUCCIÓN DE PUNTOS DE VENTA ESPOLEA EL ILÍCITO

García-Agulló ha criticado la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de limitar los puntos de venta de tabaco, argumentando que la estructura de monopolio actual previene eficazmente que el tabaco alcance a los menores y combate el comercio ilegal. Según informes, el comercio ilícito en España oscila entre el 3 y el 5 por ciento.

Se propone además una restricción de ventas basada en la fecha de nacimiento, medida que fue implementada y posteriormente retirada en Nueva Zelanda por fomentar el comercio ilícito. También se contempla la eliminación de los filtros por razones ambientales y de percepción de riesgo, aunque existe una normativa europea vigente sobre la gestión de estos residuos.

QUE SE ANALICE MÁS ALLÁ DE LO SANITARIO

García-Agulló enfatiza la necesidad de un análisis exhaustivo y estratégico de las propuestas, que vaya más allá de los aspectos sanitarios. Recalca la importancia de mantener el orden en el mercado para evitar exponer a la población a productos de contrabando, sin control sanitario y con un impacto negativo en la recaudación fiscal, dado que el 80% del precio de una cajetilla corresponde a impuestos.

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