El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reprochado este miércoles al Ministerio de Agricultura que la Junta se enterara “por la prensa” de la sospecha, actualmente bajo investigación, de que el virus de la peste porcina africana detectado en Collserola, en Barcelona, pudiera haber salido de un laboratorio. “No nos gustó tener que enterarnos de la sospecha de que podría haber salido de un laboratorio por la prensa. El trabajo que veníamos haciendo nos tenía que llevar a un escenario de confianza en el que los consejeros tuviéramos la información de primera mano”.
El responsable andaluz se ha expresado así en declaraciones a los periodistas durante un acto dedicado a la economía azul. Fernández-Pacheco ha recalcado que en Andalucía no se ha confirmado ningún caso positivo y ha subrayado que “lo importante es que la situación se controle”. “Ojalá se zanje cuanto antes”, ha añadido el titular andaluz de Agricultura, que ha asegurado que la comunidad “pondrá todo de su parte para no tener que lamentar males mayores”.
En este contexto, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un “refuerzo extraordinario de medidas” frente a la peste porcina africana con el fin de prevenirla y contenerla tras los primeros positivos en jabalíes silvestres en Cataluña. Para ello, ha declarado “en toda la comunidad autónoma el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados”.
Según ha informado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en un comunicado, esta declaración se recoge en una resolución conjunta de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, mediante la cual se establece en Andalucía dicha “área de emergencia cinegética temporal”. La Junta precisa que esta decisión se adopta “tras analizar la situación epidemiológica derivada de los casos de PPA detectados en Cataluña y del incremento sostenido de las poblaciones de jabalí en diversos territorios del país”.
El texto fija un paquete de actuaciones “reforzadas, actualizadas y adaptadas al nuevo contexto epidemiológico”, cuyo “objetivo prioritario es disminuir la probabilidad de entrada y difusión del virus de la PPA en Andalucía, así como mitigar otras enfermedades, proteger la ganadería extensiva y reducir los daños agrícolas, ambientales y los riesgos crecientes para la seguridad de las personas”.
Entre las principales medidas, la Junta resalta la posibilidad de aplicar modalidades de control poblacional del jabalí durante toda la temporada, “con especial énfasis en aguardos y aguardos nocturnos”. De forma excepcional, se permitirá recurrir a sustancias olorosas atrayentes que no sean contaminantes y al aporte puntual y “muy limitado” de alimento vegetal o pienso, situado entre 40 y 75 metros del puesto, “siempre que no constituya suplementación alimentaria ni implique riesgos para el entorno”.
Asimismo, se autoriza el empleo de visores digitales, nocturnos o térmicos, “exclusivamente para la modalidad de aguardo nocturno, con el fin de mejorar la precisión, la seguridad y la identificación de ejemplares”. La resolución incluye también “el uso regulado de capturaderos, tanto en terrenos cinegéticos como en terrenos no cinegéticos”. La colocación de estos dispositivos deberá notificarse con antelación al Agente de Medio Ambiente de la zona, aportando un plano o coordenadas UTM y los datos de la persona responsable.
En estos capturaderos, los animales apresados “deberán ser sacrificados conforme a los protocolos establecidos, y cualquier especie no objetivo deberá ser liberada inmediatamente, salvo que requiera atención veterinaria”, tal y como figura en el Anexo I del documento oficial. El texto también fija criterios específicos para los suelos urbanos y periurbanos, donde no está permitido el uso de armas de fuego. En estas áreas, se prevé la captura mediante métodos autorizados y “siempre bajo supervisión de personal autorizado y en coordinación con los ayuntamientos”.
La Junta recuerda igualmente que los titulares de cotos y los dueños de terrenos no cinegéticos “deben mantener actualizada la información relativa a los resultados de capturas de la anterior resolución de 31 de mayo de 2024, requisito indispensable para acogerse a las medidas fuera del periodo hábil del jabalí”. Insiste además en que, aunque la peste porcina “no afecta a las personas y no representa un riesgo para la salud pública, su impacto económico puede ser enorme”, dado que “la aparición de un solo foco obliga al cierre inmediato de exportaciones, a restricciones de movimiento y al sacrificio obligatorio de animales en explotaciones afectadas”.
Las consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Sanidad, Presidencia y Emergencias mantienen desde hace días una “respuesta conjunta” con la finalidad de “proteger el sector porcino andaluz y velar por la biodiversidad y la seguridad en entornos urbanos y naturales”. En el ámbito agrario, la Junta “ha intensificado los controles de bioseguridad en todas las explotaciones de porcino, reforzando las inspecciones en granjas, la vigilancia de movimientos considerados de riesgo y la aplicación del Plan de Vigilancia Activa”.
Los servicios veterinarios oficiales continúan con “un trabajo continuado para detectar cualquier anomalía”, al que se suma el refuerzo de las verificaciones sobre los subproductos animales procedentes de caza (‘Sandach’) y la activación permanente del protocolo de actuación ante la localización de jabalíes muertos, cuyas muestras son tomadas por personal especializado “para descartar o confirmar cualquier sospecha”. Paralelamente, la Junta aumentará la presencia y las funciones de los agentes de Medio Ambiente sobre el terreno, al tiempo que “potenciará el papel de los guardas rurales” en la “detección temprana y transmisión de información en los espacios donde desarrollan su actividad”. La resolución mantendrá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.