La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha decidido reforzar de forma significativa la vigilancia en el entorno del embalse de Guadalcacín, en la provincia de Cádiz, ante el aumento en los últimos años de cambios de uso de suelo de secano a regadío. Para ello, cuenta con la colaboración de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, que participa activamente en las labores de inspección y control.
Según ha señalado la Junta en una nota, estas transformaciones han favorecido la expansión de cultivos intensivos como el olivar y el almendro, caracterizados por unas necesidades hídricas muy elevadas, lo que ha incrementado la presión sobre los recursos disponibles.
El dispositivo forma parte de los Planes de Inspección, Vigilancia y Control en materia de Aprovechamientos de Aguas y da continuidad a las actuaciones ya desarrolladas el pasado verano en los ríos Guadiaro y Algarrobo. En aquellos cauces se efectuaron inspecciones coordinadas en las que intervinieron técnicos de la Consejería, agentes de la guardería fluvial y unidades de la Policía Nacional adscrita, con el mismo objetivo de detectar usos irregulares del agua.
En el área del embalse de Guadalcacín se han realizado inspecciones de campo dirigidas principalmente a sondeos y captaciones directas, con el fin de comprobar el respeto a la normativa vigente y localizar posibles aprovechamientos no autorizados del recurso. A raíz de estas visitas se han identificado diversos indicios que apuntan a la existencia de extracciones irregulares, lo que ha llevado a iniciar procedimientos de análisis técnico y jurídico para determinar su alcance y su adecuación a la legalidad.
Durante los trabajos se han localizado infraestructuras de captación no autorizadas de distinta naturaleza, entre ellas pozos, sondeos, balsas de almacenamiento, redes de canalizaciones de riego y tomas instaladas tanto en cauces fluviales como directamente en el propio embalse.
Entre las principales irregularidades detectadas figuran la carencia de autorizaciones administrativas, la derivación de caudales sin el preceptivo título habilitante, la ausencia de medidas de seguridad y la manipulación, mal funcionamiento o inexistencia de equipos de control, en particular contadores volumétricos destinados a registrar los consumos de agua.
El operativo ha combinado las inspecciones presenciales sobre el terreno con la utilización de tecnologías avanzadas, como imágenes por satélite y drones manejados por efectivos policiales. Esta combinación de medios ha permitido obtener datos muy detallados sobre el uso del suelo y del agua en la zona, facilitando la detección de posibles irregularidades y la puesta en marcha de medidas correctoras de manera más rápida y eficaz.
Canal de denuncias anónimas para reforzar la vigilancia
La Junta ha precisado que el calendario previsto de actuaciones se ha cumplido según lo programado, siendo la última jornada de trabajo la del pasado miércoles 3 de diciembre.
En concreto, las inspecciones se llevaron a cabo los días 23 de octubre, 3 de noviembre y 11 de noviembre, levantándose en cada una de estas fechas el acta de inspección correspondiente. Toda la documentación será posteriormente analizada por el Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Delegación Territorial competente.
Desde la Secretaría General del Agua se ha recalcado que el propósito de estas intervenciones es asegurar un uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos, de acuerdo con la Planificación Hidrológica vigente, y proteger tanto las masas de agua superficiales como las subterráneas frente a extracciones que no se ajusten a la normativa.
En esta línea, se ha planteado la creación de un canal de denuncias anónimas, diseñado para centralizar y tramitar de forma sistemática este tipo de avisos. Esta herramienta se concibe como un instrumento clave para reforzar la vigilancia y asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de aguas, garantizando en todo momento la confidencialidad y el anonimato de las personas denunciantes.











