QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha registrado un total de 39 iniciativas presentadas por comunidades de regantes para adherirse al Plan Parra. Este programa, dotado con un presupuesto global de 165 millones de euros, tiene como objetivo implantar tratamientos terciarios en estaciones depuradoras y construir conducciones que permitan transportar agua regenerada hasta las comunidades de regantes y sus cultivos. El plazo para cursar las solicitudes concluyó el pasado 30 de noviembre.
El consejero Ramón Fernández-Pacheco ha dado a conocer estos datos durante un desayuno informativo celebrado en Sevilla, organizado por La Razón y Caixabank. En su intervención ha detallado que las propuestas proceden de siete de las ocho provincias andaluzas, todas salvo Cádiz, y que suman un total de 39 proyectos.
En el reparto provincial, se han presentado dos proyectos en Jaén, seis en Sevilla, seis en Almería, seis en Córdoba, cuatro en Granada, tres en Málaga y dos en Huelva, lo que evidencia un interés generalizado por este plan en prácticamente todo el territorio andaluz.
“Proyectos que ahora toca analizar uno a uno, comprobar que cumplen los requisitos de la convocatoria, sentarnos con las comunidades de regantes y decidir los que finalmente se llevarán a cabo. Y espero que sean si no todos, sí la gran mayoría”, ha señalado el consejero, que ha insistido en que su departamento estudiará con detalle cada propuesta.
Fernández-Pacheco ha remarcado que el Plan Parra se integra en una “inversión histórica” de 317 millones de euros destinada a incrementar el uso de agua regenerada en el campo, impulsar la modernización del regadío y respaldar a las comunidades de regantes en la construcción de balsas de almacenamiento. Estas infraestructuras permitirán disponer de más recursos hídricos, situados más próximos a las parcelas y a las explotaciones agrarias.
Dentro de este paquete de actuaciones, el consejero ha aludido igualmente al Plan RegadíA, orientado a la modernización de explotaciones de regadío con un montante de 140 millones de euros. La financiación se reparte entre el Gobierno andaluz, que aporta el 50 %, las propias comunidades de regantes, que asumen el 30 %, y el Ministerio de Agricultura, que contribuye con el 20 %. El propósito es que los regantes puedan encarar futuras situaciones de sequía en mejores condiciones.
Además, se ha lanzado recientemente una tercera línea de ayudas, con unas bases ya convocadas y un presupuesto inicial de doce millones de euros, ampliables, destinada a que las comunidades de regantes puedan incrementar su capacidad de almacenamiento de agua para riego mediante nuevas infraestructuras.
“Damos respuesta a una demanda de los agricultores que quieren estar más preparados ante futuras sequías de cara a garantizar cultivos, producciones y también quieren rentabilidad y empleos”, ha explicado Fernández-Pacheco, subrayando que estas medidas pretenden reforzar la estabilidad económica y laboral del sector agrario.
En el ámbito de las infraestructuras hidráulicas, el titular de Agricultura ha destacado que el Gobierno andaluz ha conseguido desde 2019 poner a disposición de la ciudadanía hasta 221 hm3 adicionales de agua al año. Este incremento se ha logrado gracias a la incorporación de 184 nuevas obras hidráulicas, a un ritmo medio de 27 actuaciones anuales, y a otras 97 que se encuentran actualmente en ejecución.
Según ha precisado el consejero, se trata “de obras para mejorar la depuración, para regenerar agua en sistemas terciarios, para el abastecimiento en alta, de conducción de tuberías y también y en menor medida, porque la desalación es competencia estatal, de impulso a desaladoras en nuestra comunidad”. Estas intervenciones persiguen optimizar el ciclo integral del agua y reforzar el suministro tanto urbano como agrario.
Junto a estas actuaciones, Fernández-Pacheco ha defendido la importancia de acometer la construcción de nuevos embalses y presas, “en las que este Gobierno ha invertido en ampliación y mantenimiento”, así como la necesidad de impulsar trasvases y un Plan Nacional de Agua “que nos permita ser solidarios entre territorios porque el agua es un bien público que discurre libre sin tener en cuenta ni frontera, ni colores políticos”.
