La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de casi 14 años de cárcel en total a siete empresarios, entre ellos Juan Pedro y José Fuentes, vinculados al Grupo Ricardo Fuentes, al considerar acreditado que utilizaron de forma deliberada complejas estructuras societarias como herramienta para cometer delitos relacionados con el comercio ilícito de atún rojo (Thunnus thynnus) y contra la salud pública.
En julio de 2024, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón acordó enviar a juicio a ocho personas físicas y a 12 mercantiles, entre ellas el Grupo Ricardo Fuentes, principal exportador mundial de atún, por la comercialización de atún rojo supuestamente procedente de capturas ilegales y por el presunto blanqueo de los "cuantiosos" beneficios generados, en el marco de la 'Operación Tarantelo', cuyas primeras diligencias se remontan a 2017.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 dirigió el procedimiento contra ocho investigados, entre ellos un agente de la Guardia Civil; los responsables del Grupo Pescnortmar, Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim; y, por parte del Grupo Ricardo Fuentes, los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García.
El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, declara probado que los acusados no actuaron de manera aislada, sino que se apoyaron en entramados empresariales organizados, con múltiples sociedades interpuestas, para manipular documentación, sortear los controles administrativos y sanitarios y facilitar la entrada en el mercado de producto fuera de la legalidad.
La resolución judicial, que subraya el papel central del Grupo Ricardo Fuentes, impone a los condenados penas que suman casi 14 años de prisión. La sentencia pone especial énfasis en la denominada trama murciana, integrada por los hermanos Juan Pedro y José Fuentes García, administradores de un amplio conglomerado empresarial, el Grupo Ricardo Fuentes, que operaba mediante numerosas compañías del sector, entre las que se encuentran Ricardo Fuentes e Hijos, S.A.; Viver Atún Cartagena, S.A.; Frigoríficos de Túnidos, S.A.; Tuna Graso, S.A.; Ricardo Fuentes e Hijos Comercializadora, S.A.; Seyfu Productos del Mar, S.L. y Mare Blu Tuna Farm.
Según la sentencia, el Grupo Ricardo Fuentes aparece en la causa como el entramado de mayor dimensión implicado, cuyo peso estructural, capacidad operativa y volumen de sociedades se habrían empleado para sostener una "actividad delictiva organizada y continuada".
El tribunal considera acreditado el uso instrumental de las sociedades mercantiles para la comisión de delitos de falsedad documental, contra la salud pública y de integración en grupo criminal, aprovechando la complejidad societaria para encubrir las operaciones irregulares.
La Audiencia Nacional destaca además que estos ilícitos se perpetraron de "forma coordinada, estable y con reparto de funciones", utilizando las estructuras empresariales para fragmentar las responsabilidades, dar apariencia de legalidad a las operaciones y dificultar su detección por parte de las autoridades competentes.
Penas de cárcel, multas e inhabilitaciones
En relación con las penas, por el delito de falsedad documental los responsables del grupo han sido condenados a seis meses menos un día de prisión y a una multa de 71.600 euros, junto con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito contra la salud pública, la sanción se eleva a un año menos un día de prisión, otra multa de 71.600 euros, la inhabilitación para el sufragio pasivo y la inhabilitación especial durante un año y seis meses para el comercio de atún rojo.
En cuanto al delito de integración en grupo criminal, la Audiencia Nacional fija una pena de seis meses menos un día de prisión, reforzando la conclusión de que el grupo empresarial operó como una estructura organizada al servicio de una actividad ilícita.
Junto al Grupo Ricardo Fuentes, el tribunal condena también a la llamada trama valenciana, formada por distintos cargos del Grupo Pescnortmar, que actuaba mediante varias sociedades mercantiles: Marfishval, S.L.; Pescnort Mar, S.L.; General World Frozen, S.L.; Century Fish, S.L. y Endumar, S.L. Por falsedad documental, los condenados deberán cumplir seis meses menos un día de prisión, pagar una multa de 50.120 euros y asumir la correspondiente inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
Por el delito contra la salud pública, se les impone un año menos un día de prisión, otra multa de 50.120 euros y la inhabilitación especial durante un año y seis meses para el comercio de atún rojo.
Por integración en grupo criminal, la pena fijada es de seis meses menos un día de prisión, constatándose igualmente el uso coordinado de la estructura societaria para la comisión de los hechos enjuiciados.
La sentencia condena también a Antonio Enrique Alcaraz Cabrera, apoderado de Pescados Masía e Hijos, S.L., y a Juan José Lara Uclés, de Hiberniamar, S.L., al considerar probado que ambas firmas se emplearon como vehículo para la falsedad documental y la comercialización irregular. Se les imponen penas de prisión que alcanzan los 11 meses, multas de 14.320 euros y periodos de inhabilitación específicos para el comercio de atún rojo, además de las accesorias de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
Reacción de Balfegó y acusación popular
Por otro lado, Grupo Balfegó, dedicado igualmente a la pesca y venta de atún rojo y personado como acusación popular junto a Greenpeace España y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha celebrado que se haya dictado una "sentencia condenatoria" contra esta red.
"Todo el sector tiene que estar en contra de cualquier acto fraudulento y celebramos que tras la dilación que ha sufrido este proceso judicial, iniciado en 2018, por fin se condenen las prácticas ilegales", ha asegurado el director adjunto de Balfegó, Juanjo Navarro.