La carga regulatoria que soporta el comercio de alimentación vuelve a alcanzar un máximo histórico en 2025. A lo largo del año se aprobaron o modificaron 1.411 disposiciones legales que afectan al sector, lo que implica que cualquier establecimiento tuvo que asumir y aplicar una media de 3,8 normas nuevas cada día, según cifras de WorldLex analizadas por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
Este volumen normativo supone un récord que continúa la tendencia alcista iniciada en 2022, o incluso desde 2020 si se incorpora el periodo excepcional derivado de la crisis sanitaria de la Covid.
“Con seis años consecutivos de incremento de la carga normativa, estamos muy lejos de las cifras pre-pandemia, cuando el número era de 476. Comprobamos que las intenciones de las Administraciones sobre conseguir una simplificación legislativa, por el momento, no se están plasmando en la realidad normativa”, ha indicado el director de Asuntos Legislativos de Asedas, Alberto Peironcely.
En este contexto, la Comisión Europea vuelve a situarse en cabeza de la producción normativa con 453 textos, frente a las 444 normas de 2024, mientras que el conjunto de las administraciones públicas españolas (Estado, comunidades autónomas y principales ayuntamientos) suma 958 disposiciones.
Dentro del ámbito interno, las comunidades autónomas concentran el mayor dinamismo regulatorio, con 547 normas frente a las 514 del ejercicio anterior. La Administración General del Estado, por su parte, muestra una ligera moderación, al contabilizar 326 nuevas leyes o reformas, frente a las 230 del año previo.
Las entidades locales también contribuyen a este aumento de la presión normativa, con 85 nuevas disposiciones, lo que supone 20 más que un año antes.
Medio ambiente, seguridad alimentaria y trabajo, los ámbitos con más regulación
Por materias, el bloque medioambiental vuelve a concentrar el mayor número de normas y representa alrededor de un tercio de toda la actividad legislativa. En total, 481 textos nuevos o modificados se refieren al medio ambiente en sentido amplio, a la eficiencia energética o al diseño ecológico. Destacan en este campo las 275 normas de las comunidades autónomas y las 113 procedentes de la Comisión Europea.
La seguridad alimentaria se mantiene asimismo como uno de los ámbitos más regulados por las instituciones comunitarias, con 190 normas que inciden en aspectos como el almacenamiento, la conservación y el transporte de mercancías, los controles oficiales o la protección animal, entre otros. El conjunto de este cuerpo normativo asciende a 282 disposiciones y configura un marco muy garantista para el consumidor, especialmente en lo relativo a productos de alimentación.
También sobresale la intensidad regulatoria en el terreno laboral, que engloba la gestión de recursos humanos y la seguridad en el trabajo, con 138 textos en total. A ello se suma la normativa sobre administración empresarial, con 287 normas que abarcan desde licencias urbanísticas hasta cuestiones de inteligencia artificial, un campo que incrementa de forma notable su actividad frente a 2024, con 77 normas adicionales.
En lo que respecta a “la fabricación, importación y comercio de productos”, el foco regulatorio se ha dirigido especialmente a los productos agrarios, con 27 leyes, de las que 21 proceden de la Unión Europea y repercuten en el conjunto de la cadena agroalimentaria.
Leyes con mayor impacto en supermercados y mayoristas
La patronal subraya que, entre las normas con más repercusión en supermercados y mayoristas de alimentación aprobadas en 2025, figuran la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible y la Ley de servicios a la clientela.
“Todas ellas inciden en muchos aspectos que las empresas de distribución alimentaria ya aplicaban, pero amplían trámites administrativos que suponen nuevas cargas y nuevos costes”, ha indicado Peironcely.
Incertidumbre por las reformas laborales y nuevas exigencias europeas
De cara a este año, la patronal de los supermercados expresa su inquietud por diversas iniciativas laborales que se encuentran en una fase incierta de tramitación, como el control del fichaje sincronizado con la Inspección de Trabajo, una posible subida del salario mínimo o la creación de nuevos permisos retribuidos por defunción o por cuidado de menores.
Asedas ha señalado que “todas generan incertidumbre en las empresas, que necesitan marcos regulatorios claros y previsibles para organizar inversiones y plantillas”.
En el plano comunitario, entre las normas que podrían incrementar de forma notable la carga administrativa del sector se encuentran el Reglamento sobre Deforestación y el Reglamento sobre Diligencia Debida, entre otros textos en preparación.
La organización recuerda que estos expedientes se hallan en distintas fases del procedimiento legislativo, junto con otros muchos dosieres afectados por las iniciativas de simplificación promovidas por la Comisión Europea mediante los denominados Reglamentos Ómnibus.
“Estamos ya en el 'paquete ómnibus' número 10, lo que es muy preocupante en términos de calidad legislativa: si es preciso lanzar diez normas para modificar otras ya publicadas es que algo se está haciendo mal”, ha criticado el secretario general técnico de Asedas y miembro del Comité Económico y Social Europeo, Felipe Medina.