La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha comenzado las labores de demolición de la presa de Puente Mesa, ubicada sobre el río Cega, entre los municipios segovianos de Cabezuela y Veganzones.
Según expone la CHD, estas infraestructuras, levantadas hace siglos para asegurar caudal con el que alimentar antiguos molinos harineros, han perdido hoy su utilidad. Los técnicos de la Confederación sostienen que estos azudes acumulan sedimentos transportados por el río, alteran el flujo natural del cauce y suponen un obstáculo para el desplazamiento de las especies piscícolas.
Colectivos vecinales de la zona han reivindicado de forma reiterada el carácter histórico de la presa, cuya antigüedad sitúan en torno a los quinientos años, según han señalado.
Sin embargo, los informes técnicos de la CHD califican el estado de conservación de la obra como “defectuosos” y la propia Confederación advierte del “riesgo para las personas” que entraña una infraestructura sin mantenimiento ni vigilancia.
En una nota difundida tras el arranque de los trabajos, la CHD defiende la eliminación de una estructura “en desuso y estado de abandono” y enmarca la actuación en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.
La Confederación adelanta además que, una vez desmontada la presa, “consensuará con el Ayuntamiento un área recreeativa, y la restauración ambientalmente de la zona afectada con plantas autóctonas”.
De acuerdo con la información de la CHD, el azud de la Mesa “no aparece asociado a título concesional alguno en el Registro de Aguas de la CHD”. La concesión de aguas es la figura jurídica que permite a su titular explotar el recurso, incluso con fines recreativos, y le hace responsable del estado de la infraestructura.
Tal y como recuerdan desde la Confederación, el 4 de noviembre de 2022 se celebró una reunión entre la presidenta del organismo y los representantes municipales de Veganzones y Cabezuela “para instarles a que obtuvieran la preceptiva concesión de aguas que justificara jurídicamente el mantenimiento de un obstáculo en el río”.
Con esa concesión, los ayuntamientos pasarían a ser titulares de la presa y asumirían su conservación y mantenimiento. No obstante, casi tres años después de aquel encuentro, ninguno de los consistorios ha tramitado dicha solicitud, según la CHD.
Por este motivo, y ante el acusado abandono de la infraestructura, la Confederación ha decidido “eliminar un riesgo potencial hacia las personas por accidente grave por caídas o ahogamientos”.
El equipo técnico de la CHD subraya que una de las líneas prioritarias para la correcta conservación, mantenimiento y mejora de los ríos es favorecer la continuidad longitudinal de los cauces “mediante la demolición o retirada de todas aquellas infraestructuras transversales que por su desuso y la caducidad de sus concesiones sean susceptibles de ser retiradas”.
Entre los argumentos esgrimidos para sustentar el derribo figura también, en el plano ambiental, el informe favorable a la demolición del azud emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Segovia, fechado el 10 de diciembre de 2025, además de las autorizaciones necesarias para que la CHD pueda acometer estas obras.
La Confederación advierte igualmente de un riesgo social añadido para la seguridad de personas y bienes: al carecer de uso y de un titular concesional que asuma el mantenimiento, la presa podría seguir degradándose hasta provocar una rotura.
Los colectivos vecinales contrarios a la desaparición de la presa insisten en su valor histórico y recuerdan que desde la Subdelegación del Gobierno, la anterior subdelegada, Lirio Martín, aseguró que “el derribo no se iba a producir” y que “por su riqueza, esta presa se respetaría”.
La actual subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, ha señalado, tras el inicio de la demolición, que la retirada de la presa responde a la situación de “ruina” en la que se encontraba, que la actuación se ajusta a los requerimientos ambientales europeos y que, en estos tres años, los ayuntamientos no han llevado a cabo labores de mantenimiento.
En los primeros compases de la intervención, un grupo de vecinos logró detener temporalmente el avance de la máquina excavadora. Posteriormente, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el azud y advirtieron a los presentes de las posibles sanciones por obstaculizar la obra, que “puden llegar a 1.800 euros en el caso más grave”.
No obstante, Marian Rueda ha declarado que los ánimos ya están calmados, y que se está realizando la intervención y no hay ningún movimiento que haga pensar en enfrentamientos”.