La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha encabezado el Pleno ordinario de enero, celebrado de forma telemática debido al temporal y a los riesgos para los desplazamientos. En esta sesión se han aprobado distintos acuerdos relacionados con infraestructuras y con el apoyo al sector primario, mediante mociones vinculadas a la pesca y la agricultura, como las almadrabas de Barbate y Chiclana o el cultivo de la patata.
Según ha señalado la Diputación en un comunicado, el Pleno, a propuesta de una moción del PP, ha reclamado al Ayuntamiento de Vejer que ceda el terreno disponible en el municipio para levantar el nuevo parque de bomberos, que posteriormente funcionaría con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz.
El portavoz del Grupo Popular, Agustín Muñoz, ha detallado que Vejer es el único municipio de la zona que aún no dispone de parque propio y depende del situado en El Colorado (Conil). Ha recordado que el Pleno municipal ya aprobó la cesión de una parcela de titularidad municipal, en la Avenida Andalucía y junto al edificio de Zona Franca, para este fin, por lo que la moción reclama la ejecución de dicho acuerdo. El Grupo Socialista, que defendió una enmienda no aceptada para proponer otra ubicación, ha votado en contra, mientras que La Línea 100x100 se ha abstenido.
Otro asunto que afecta igualmente a la comarca de La Janda es la proposición presentada por el PSOE y respaldada por unanimidad para acometer el drenaje del río Barbate. En la exposición de motivos se detalla que la formación de bancos de arena, la pérdida de parte de la playa Virgen del Carmen, la dificultad de acceso por mar y los problemas de maniobra de los barcos almadraberos, entre otros, justifican la necesidad de esta intervención.
Tanto la portavoz del grupo proponente, María Dolores Varo, como la del Grupo Popular, Ana Moreno, ambas concejalas en Barbate, han subrayado que esta actuación resulta imprescindible y debe quedar fuera de la confrontación partidista. La moción ha salido adelante con una enmienda de adición del PP, que reclama la implicación de todas las administraciones competentes para resolver este problema.
En el debate se ha abordado igualmente la situación de otra almadraba, ya que el Pleno ha solicitado por unanimidad al Gobierno de España que incorpore la de Sancti Petri, en Chiclana, al censo específico del atún rojo, asignándole una cuota propia. La moción, impulsada por el PSOE, recuerda que se trata de una almadraba con licencia propia desde 2003, obtenida por concurso público y pendiente de cuota, y que, una vez recuperada la especie en términos cuantitativos, procede su inclusión dentro del incremento del 17% fijado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico y del nuevo reparto derivado de ese aumento.
En relación con el sector primario también se ha alcanzado el consenso en la proposición del PP sobre el cultivo de la patata, afectado por plagas y enfermedades que han obligado a aplicar una política fitosanitaria que ha mermado la presencia de producto nacional en los mercados.
Por este motivo, la moción recoge medidas para este alimento básico, como “instar a las instituciones europeas a no prohibir la utilización de productos fitosanitarios y principios activos sin impacto en la seguridad alimentaria que no tengan alternativa eficaz en el mercado” y además “la aprobación de usos excepcionales de principios activos eliminados del catálogo europeo, de forma similar a como lo hacen otros competidores”.
Según ha expuesto Antonio Aragón, que ha actuado como portavoz en este punto, el objetivo es que “los productores jueguen con las mismas normas del juego que el resto”, y “no como ahora” donde, en su opinión, se está produciendo una situación de “competencia desleal”, por una falta de flexibilidad en el caso nacional, no equivalente al de los países del entorno. Asimismo, la moción reclama un etiquetado más claro para que el consumidor pueda conocer con total certeza el origen y las condiciones de producción de cada patata.
El Pleno también ha dado luz verde a una proposición del PP sobre la situación fiscal y administrativa de los autónomos y las pequeñas empresas, en la que la Corporación expresa su rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores por cuenta propia en los últimos siete años, por una “creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa”.
La iniciativa pide al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos con los autónomos en 2023 y que agilice las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y reducción de trabas burocráticas para este colectivo. Además, solicita que, de forma inmediata, se exima de presentar y pagar declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros.
Durante la sesión también se ha dado cuenta del informe sobre el cumplimiento de la normativa de morosidad correspondiente al ejercicio 2024 y se ha aprobado la delegación de competencias del Ayuntamiento de Espera en la Diputación en materia de Recaudación y Gestión Tributaria.