La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha optado por seguir tramitando una iniciativa registrada por varias organizaciones agrarias de Castilla y León (Asaja, COAG, UPA y UCCL), en la que reclaman que la próxima Política Agraria Común (PAC) no sufra recortes y garantice un respaldo suficiente a agricultores y ganaderos, con especial atención a las zonas rurales cuya economía depende del campo.
La Eurocámara ha tomado esta decisión con el apoyo de todos los grupos políticos, después de un debate en el que los promotores del escrito han advertido de que una disminución de fondos pondría en peligro la continuidad del modelo agrario profesional en una comunidad "eminentemente agrícola" como Castilla y León.
Tal y como ha explicado la Presidencia de la comisión parlamentaria, el siguiente paso corresponde a la Comisión Europea, que deberá enviar una contestación por escrito a las cuestiones planteadas en la petición antes de que el Parlamento determine cómo proseguir con el seguimiento del expediente.
Durante la discusión, los portavoces de las organizaciones agrarias han subrayado que el campo precisa una PAC estable y con recursos suficientes para sostener el empleo en el medio rural, favorecer el relevo generacional y asegurar la producción de alimentos, además de contribuir al cuidado del territorio y a la supervivencia del mundo rural.
En su intervención, han rechazado de forma tajante la hipótesis de un recorte del 22 % en los fondos dirigidos al sector agrario y han mostrado su oposición a cualquier modificación que debilite el desarrollo rural, que consideran esencial para facilitar la entrada de jóvenes, respaldar a los sectores más frágiles y acometer inversiones en infraestructuras como el regadío.
Igualmente, han puesto el foco en el incremento de los costes de producción, las amenazas sanitarias que afectan a la ganadería y la presión de factores externos como los aranceles de Estados Unidos o el acuerdo con Mercosur. Por ello, han pedido reforzar el principio de reciprocidad y las "cláusulas espejo" en los acuerdos comerciales, de modo que a las importaciones se les exijan las mismas condiciones que se aplican a los productores europeos.
"Más que nunca, ante esta situación necesitamos una PAC fuerte. Se está poniendo en riesgo el modelo profesional de la agricultura, la producción de calidad y, sobre todo, el relevo generacional en un sector envejecido", ha advertido el portavoz de las organizaciones agrarias.
Respuesta de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha defendido que su propuesta para el próximo marco financiero plurianual, presentada en julio, pretende preservar una PAC sólida y adaptada a los desafíos geopolíticos y climáticos, negando que pueda hablarse de recortes en los términos que señalan los peticionarios.
El Ejecutivo comunitario ha explicado que el nuevo diseño contempla un nivel mínimo de recursos para el apoyo a la renta agraria, garantizando la continuidad de los instrumentos actuales, como los pagos directos, el apoyo a jóvenes agricultores, las inversiones o las medidas agroambientales. También ha resaltado el refuerzo de los mecanismos de gestión de crisis y los planes para aligerar la carga burocrática tanto para los productores como para las administraciones.
Al mismo tiempo, la Comisión ha admitido la relevancia de avanzar en la reciprocidad en materia comercial y de endurecer los controles sobre los productos que llegan de terceros países, recordando que la propuesta sigue en fase de negociación y que serán el Parlamento y el Consejo quienes introduzcan las modificaciones oportunas en el proceso legislativo.
Respaldo unánime de los eurodiputados
Desde el Partido Popular, la eurodiputada Carmen Crespo ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de los peticionarios y ha insistido en que la futura política agraria debe conservar sus dos pilares, reforzar los controles en frontera y asegurar que determinados fondos dirigidos al sector tengan carácter obligatorio.
En nombre de Socialistas y Demócratas (S&D), el eurodiputado Nils Usakovs ha recordado que la negociación se encuentra aún en una etapa temprana y que "no hay cifras grabadas en piedra", aunque ha reconocido que el planteamiento inicial resulta "preocupante" si finalmente se confirma una merma importante de recursos, por las consecuencias que podría tener sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.
A las advertencias se ha sumado la eurodiputada de Vox Mireia Borrás, que ha relacionado el debate con el encarecimiento de la cesta de la compra y la soberanía alimentaria, criticando los recortes y la competencia exterior. También la eurodiputada del BNG integrada en el grupo de los Verdes, Ana Miranda, ha apoyado la petición y ha rechazado los recortes, reclamando salvaguardas más exigentes para proteger al campo.