La flota pesquera andaluza ha decidido detener su actividad este lunes, 19 de enero, para desplazarse a Madrid y mantener una reunión con el Ministerio de Pesca, en protesta por las recientes medidas de control pesquero aprobadas por la Unión Europea (UE).
Según ha señalado Facope en un comunicado, “hay normativas que se deciden en Bruselas y que no se defienden adecuadamente, como el nuevo Reglamento de Control con medidas incumplibles tales como declarar el peso exacto de las capturas en el mar o comunicar con horas de antelación el regreso a puerto que suponen un golpe directo a una flota que faena mayoritariamente cerca de la costa y de los puertos”.
Así, el sector ha llamado a un paro para este lunes, “jornada en la que se paralizará la flota y se procederá al cierre de las lonjas a nivel nacional, como muestra del rechazo a unas decisiones que están llevando al límite a la pesca profesional”.
Al mismo tiempo, Facope se pregunta si el objetivo real de estas disposiciones es reforzar el control o terminar desmantelando la flota, subrayando que “seguiremos luchando por la supervivencia del sector y por una pesca sostenible y realista”.
La Federación califica la coyuntura como una situación “límite” para la flota pesquera andaluza, “asfixiada por la combinación de los efectos del cambio climático, una burocracia creciente y normativas alejadas de la realidad del mar”. Además, denuncia que “son decisiones que se adoptan desde despachos que no conocen la pesca y que están impidiendo al sector seguir trabajando”.
En esta línea, recuerda ejemplos recientes como el cierre anticipado de la pesquería de la cigala o las complicaciones en otras especies como la caballa, que “han vuelto a demostrar la falta de sensibilidad hacia una actividad que sostiene empleo, economía y cultura en nuestras costas”.
Tras el encuentro previsto este lunes con el Ministerio, el sector decidirá si mantiene el amarre de la flota o si adopta otras medidas definitivas.
Ya a comienzos de la pasada semana, una parte de la flota andaluza había parado temporalmente su labor como gesto de rechazo a los cambios introducidos por la nueva reglamentación comunitaria, que entró en vigor el 10 de enero. Esta protesta se inició en el Golfo de Cádiz y, en el Mediterráneo, en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga), aunque posteriormente las embarcaciones reanudaron su operativa.