El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este miércoles que son “comprensibles” las protestas convocadas por las principales organizaciones agrarias para este jueves contra el reciente acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Al mismo tiempo, ha reclamado a Bruselas que cualquier aplicación provisional del pacto incluya garantías claras de “protección” para el sector primario andaluz.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco ha insistido en que la Junta se sitúa “radicalmente en contra” del acuerdo “si no se garantiza la protección de los productores europeos” y, en particular, de los andaluces, algo que, según ha recalcado, “en estos momentos no se cumple”. Ha matizado, no obstante, que “no estamos en contra del libre comercio porque somos los mejores, pero las reglas del juego deben ser las mismas para todos los competidores”.
“La Junta está del lado del campo”, ha enfatizado el consejero, quien ha prometido una “defensa férrea” del sector primario y ha detallado que se han planteado a la UE seis exigencias para que el acuerdo con Mercosur se aplique con “garantías”. Entre ellas, ha citado la inclusión de claúsulas de salvaguarda “efectivas”, con mecanismos de activación “automáticos”, así como condiciones de competencia “justas” y “intensificar los controles” con el fin de aportar “más transparencia”.
Fernández-Pacheco ha insistido también en la necesidad de reforzar la defensa de los productos europeos, incrementar el apoyo económico a los sectores “afectados” por el pacto con Mercosur y asegurar una Política Agraria Común (PAC) que “garantice un presupuesto suficiente”. “Tenemos claro que el acuerdo no se puede aplicar de manera provisional sin garantías”, ha remachado.
En paralelo, el Parlamento Europeo decidió, por un margen de apenas diez votos, elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una denuncia sobre el acuerdo UE-Mercosur ante las dudas sobre su encaje con el Derecho comunitario. Este movimiento paralizará el proceso de ratificación formal del pacto, aunque no impide que la Comisión Europea pueda optar por su aplicación provisional.
La iniciativa para solicitar un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo, impulsada por la izquierda europea, prosperó con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones. En cambio, una segunda propuesta de contenido similar, promovida por la ultraderecha de Patriotas por Europa, fue rechazada al obtener 225 votos favorables, 402 en contra y trece abstenciones.
Las organizaciones agrarias han advertido de que, en el caso concreto de Mercosur, el acuerdo carece de “reciprocidad y supone una competencia desleal para los agricultores y ganaderos andaluces y una amenaza para los consumidores”. A su juicio, “se trata de un acuerdo desequilibrado que pone en peligro sectores clave para Andalucía como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz o la aceituna de mesa”.
Han añadido, además, que los sectores que podrían aparecer como “beneficiados”, entre ellos el aceite de oliva o el vino, “no obtendrán ventajas reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización”. Consideran que los avances en materia de cláusulas de salvaguarda son “totalmente insuficientes”. Recuerdan que se recogen en un anexo del acuerdo que desde Mercosur ya han adelantado que no van a respetar y que, en la práctica, resultan imposibles de vigilar en una UE sin control de fronteras común ni controles en origen.
Por otro lado, las organizaciones han alertado de que la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) implica un recorte de fondos y la desaparición de la arquitectura actual de la PAC, lo que “debilitará aún más al sector agrario europeo, y en consecuencia a la propia UE”. Han subrayado también que “el incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. A ello se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector”, han concluido.