La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura en funciones, Mercedes Morán, ha instado a abrir un debate sobre la “ardua, extensa y a veces duplicada” normativa que deben cumplir los agricultores y ganaderos en su día a día.
En su intervención este jueves en Guadalupe (Cáceres), durante la clausura del IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, ha subrayado que “especialmente, cargamos sobre ellos el peso de las distintas normativas ambientales a las que está sometido su trabajo”.
Morán ha puesto en valor la función “primordial” y “en muchas ocasiones complicada” del sector agrario, que desarrolla su actividad en un contexto de “incertidumbres”, y ha repasado el entramado de directivas y normas ambientales, tanto europeas como estatales, que les afectan. “Y es que vemos como en muchas ocasiones, la normativa nacional todavía va mucho más allá que la europea, añadiendo cargas y siendo excesivamente estricta”, ha señalado.
En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo extremeño ha tratado de reducir parte de estas obligaciones a través del Decreto Ley 5/2025, de 18 de septiembre, de Ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en Extremadura durante el verano de 2025 y en materia preventiva de incendios forestales.
Según ha explicado, determinadas actividades que antes requerían autorización ambiental unificada y que no precisaban de autorización conforme a la normativa básica estatal pasaron a tramitarse como comunicación ambiental autonómica o municipal, las conocidas como comunicaciones previas. Además, en algunos supuestos incluidos en las autorizaciones abreviadas, se redujo de forma notable el número de proyectos sometidos a evaluación ambiental.
La consejera ha apuntado igualmente que, junto a estas exigencias ambientales, el sector agro debe ajustarse a todas las disposiciones ambientales y agronómicas derivadas de la PAC. “Nuestros agricultores y ganaderos deben afrontar la carga administrativa y burocrática de la PAC que se ha multiplicado con las condiciones del Pacto Verde”, ha matizado, según recoge una nota de prensa de la Junta.
En su opinión, “se está llevando al agricultor o ganadero por un camino difícil, muchas veces inasumible y creo que, entre todos, debemos buscar las fórmulas para reconducir todo esto”, a lo que ha añadido que esta situación se ve agravada por la firma de acuerdos con países terceros que generan una “falta de competitividad”.
“Desde aquí no podemos cambiar las normas de esos países, pero sí está en nuestra mano ser más flexibles con nuestros agricultores europeos, y por ende extremeños”, ha añadido, insistiendo en la necesidad de adaptar el marco regulatorio.
Morán ha reiterado que “esto es lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo: aliviar de cargas y aliviar la normativa ambiental en muchos casos excesivamente proteccionista”, y ha subrayado que el objetivo que persiguen “desde un inicio y con vehemencia es el equilibrio”. “Proteger nuestro inigualable entorno natural con el desarrollo social y económico de Extremadura”, ha remarcado.