La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha alcanzado un acuerdo unánime con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León para supeditar el respaldo al tratado UE-Mercosur a que se garantice “una reciprocidad real y efectiva” en las exigencias medioambientales, agronómicas y sociales aplicables a las importaciones, con controles estrictos y trazabilidad asegurada.
“Sólo apoyaremos el acuerdo si garantizamos el principio de reciprocidad real y efectiva garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones con un control riguroso de la trazabilidad”, ha remarcado González Corral, que reclamará igualmente que la posición de España ante la UE defienda esa reciprocidad y las cláusulas de salvaguarda, dos elementos calificados de “imprescindible” para dar su visto bueno al pacto.
Estas exigencias se recogen como puntos centrales en el documento de siete apartados firmado este miércoles en un Consejo Regional Agrario monográfico. La consejera trasladará este texto tanto al Gobierno de España como a las instituciones comunitarias, ante la firma del acuerdo UE-Mercosur prevista para el próximo sábado, 17 de enero, en Paraguay, que posteriormente deberá ser refrendado por el Parlamento Europeo.
En paralelo, los portavoces de las organizaciones profesionales agrarias han realizado un llamamiento conjunto a los eurodiputados para que voten en contra del tratado comercial UE-Mercosur, al menos hasta que existan “garantías suficientes” de que los productos procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cumplan “la reciprocidad suficiente” y se asegure que los agricultores y ganaderos de ambas orillas del Atlántico compiten en condiciones similares.
“Rechazo frontal, ahora el tejado está otra vez en el Parlamento Europeo”, ha señalado el coordinador de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín. En la misma línea se ha expresado Aurelio González, de la Alianza UPA-COAG, quien ha pedido a los eurodiputados españoles que voten en contra al entender que “en estos momentos” no se dan las condiciones para rubricar el acuerdo y que “todavía queda batalla por delante”.
Por su parte, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha reiterado su oposición al texto actual del acuerdo UE-Mercosur por no respetar los principios de reciprocidad mencionados y por el impacto negativo que, a su juicio, tendría tanto para los productores nacionales como para los consumidores, debido a la entrada de “productos de peor calidad y sin garantías sanitarias”. “Nos dirigimos plenamente a los eurodiputados de Castilla y León y de España para que rechacen con rotundidad la firma de este acuerdo”, ha insistido.
El pacto suscrito este miércoles entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las OPAs incluye además la petición al Gobierno central de un “análisis detallado y desagregado” por producciones y territorios sobre las consecuencias del acuerdo UE-Mercosur, con especial atención a los sectores más expuestos para la Comunidad Autónoma, entre los que se citan la remolacha, los cereales, la miel y el vacuno de carne.
En esta línea, González Corral ha vuelto a criticar la ausencia de respuesta del Ministerio de Agricultura a la solicitud de una reunión monográfica con las comunidades autónomas sobre este acuerdo y ha avanzado que aprovechará el próximo Consejo Consultivo de la semana que viene para trasladar la “preocupación” del campo de Castilla y León ante el “potencial impacto” del tratado comercial.
Asimismo, se reclaman “salvaguardas reales, efectivas e inmediatas” y “activables sin demora” en caso de incrementos desproporcionados de importaciones o descensos acusados de precios, junto con la exigencia de “compensaciones operativas cuando proceda”, al tiempo que se reivindica la soberanía alimentaria de la ciudadanía europea.
Junto a ello, se plantea reforzar los controles en frontera, así como las auditorías e inspecciones en países terceros “para garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y de bienestar animal”, entre otros aspectos.
Aurelio González ha señalado al respecto que el 80 por ciento de los productos fitosanitarios utilizados en Brasil están prohibidos en la UE y ha puesto en duda que esa situación vaya a modificarse “de hoy para mañana”, en sintonía con González Palacín, quien ha recordado que esos productos están vetados en Europa porque se ha demostrado que “son malos” para la salud y para el medio ambiente.
Por último, la Junta y las OPAs ligan la defensa del sector agrario y la posición ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, junto con la demanda de una PAC post-27 “sólida y sin recortes”, que mantenga los fondos FEAGA/FEADER y contemple un incremento de las dotaciones.