La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado la “grave situación” creada por la Conselleria de Agricultura al no haber hecho pública todavía la resolución de las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores, “tras incumplir de manera clara y reiterada los plazos establecidos en su propia normativa”.
Según recuerda la organización agraria en un comunicado, ya han pasado 106 días desde que expiró el plazo legal para dictar resolución, fijado en seis meses a contar desde la publicación de la convocatoria, que se produjo el 7 de julio de 2025.
De este modo, LA UNIÓ subraya que la Conselleria estaba obligada a resolver, como muy tarde, el 7 de enero de 2026, tal y como recogen el artículo 15.3 de la Orden de bases reguladoras y el apartado noveno de la propia convocatoria.
Pese a esta “clara obligación”, la Conselleria sigue sin publicar la resolución de los expedientes de jóvenes agricultores y ganaderos que, de acuerdo con sus propios datos, se situarían en torno a 430 expedientes favorables, una vez descontados los desistimientos y las solicitudes que no cumplían los requisitos, detalla la entidad.
El pasado 30 de marzo se resolvieron y publicaron 109 expedientes de nuevos agricultores, pero no los correspondientes a jóvenes agricultores y ganaderos, algo que, según LA UNIÓ, “les deja en una situación de incertidumbre absoluta”. Este retraso configura un escenario “especialmente grave”, ya que los jóvenes afectados quedan atrapados en un “vacío administrativo” que les impide avanzar en la gestión de sus explotaciones.
Para LA UNIÓ, la ausencia de resolución condiciona de forma directa “cuestiones fundamentales” como la tramitación de las ayudas de la PAC, el acceso a los derechos de la reserva nacional o la formalización de arrendamientos de tierras contemplados en sus planes empresariales.
Con el plazo de la PAC previsto para cerrarse el próximo 30 de abril, y con una prórroga anunciada hasta el 15 de mayo, la organización alerta de que “muchos de estos jóvenes se verán abocados a perder un año completo, con el consiguiente impacto económico y profesional”.
Proyectos de vida bloqueados y falta de seguridad jurídica
“No estamos ante un simple retraso administrativo, sino de una situación que bloquea proyectos de vida y pone en riesgo real el relevo generacional en el campo valenciano”, ha afirmado el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris.
La organización agraria recalca que el respeto a los plazos no es un aspecto “menor ni formal”, sino una “obligación esencial” de cualquier administración pública. “Cuando un agricultor no cumple con los plazos, es sancionado. La Administración tiene que ser igualmente exigente consigo misma”, señalan desde LA UNIÓ.
Asimismo, recuerdan que la convocatoria establece que la resolución —tanto de concesión como de denegación o dejación— debe publicarse en la sede electrónica de la Generalitat. Sin embargo, esta publicación no se ha llevado a cabo, “lo cual agrava todavía más la situación de indefensión de las personas solicitantes”.
“Esto no es un problema individual ni tampoco político, es un problema estructural, colectivo y social. No resolver en plazo no tiene un efecto neutro, puesto que genera inseguridad jurídica, imposibilita planificar las explotaciones y provoca la pérdida de oportunidades en ayudas, inversiones y derechos vinculados a la PAC”, ha remarcado Peris.
Con todo, LA UNIÓ insiste en que su objetivo no es condicionar el contenido de las resoluciones, sino reclamar que la Administración actúe con diligencia: “No pedimos que se concedan las ayudas sin criterio, sino que se resuelvan en tiempo y forma. Lo que no es admisible es que la inacción administrativa se convierta en un obstáculo para los jóvenes que quieren incorporarse en el campo”.
Según la organización, “el malestar de los jóvenes afectados es total porque a pesar de los reiterados anuncios por parte de Conselleria, lo cierto es que sigue sin publicarse la Resolución y crece el enfado ante la ineficacia de la Generalitat para resolver esta situación”.