La climatología adversa continúa lastrando al campo valenciano en este año que ya encara su recta final y, según el balance de La Unió Llauradora i Ramadera, las tormentas con pedrisco y la pérdida de capacidad productiva derivada de la dana de 2024 acumulan ya un impacto superior a los 150 millones de euros.
Este lunes mismo, La Unió calculaba en 3 millones de euros los daños directos ocasionados por el último temporal de lluvias y granizo, y ha recordado en un comunicado que a lo largo de 2025 se han sucedido numerosos episodios con siniestros en explotaciones agrarias.
La organización agraria ha rememorado que a comienzos de mayo se registró un episodio de tormentas con pedrisco que provocó pérdidas cercanas a los 8 millones de euros y que en junio se produjo otro con daños valorados en 3 millones de euros. Ya en julio, un fenómeno meteorológico de gran intensidad en las comarcas de la Plana Baixa, Alto Palancia y el Camp de Morvedre ocasionó más de 30 millones de euros en pérdidas, a los que se sumó en septiembre otro episodio con unos 2 millones de euros.
La Unió Llauradora ha lamentado que, "a pesar de todos estos daños, la Generalitat ni siquiera los compensó con un protocolo de actuación para el reparto gratuito de fungicida, tal y como le ha venido reiterando la organización".
En paralelo, y un año después de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, La Unió desveló que se habían perdido 214.000 toneladas de capacidad productiva en distintos cultivos, con un valor total de 103,6 millones de euros.
Esa cantidad representa los ingresos que dejarán de percibir los agricultores afectados de la Comunitat Valenciana en los principales cultivos más dañados, como cítricos, caqui, viña, olivar, frutos secos, frutales, hortalizas y viveros de flor y planta ornamental, y se suma a los más de 1.000 millones de pérdidas directas generadas en su momento por la dana. La recuperación de las parcelas, además, se está produciendo de forma muy desigual.
Según la organización agraria, hay explotaciones que han logrado rehacerse parcialmente gracias a las ayudas, a las intervenciones de Tragsa, al esfuerzo de los propios agricultores y a la solidaridad del sector, pero en muchas áreas las infraestructuras agrarias —como caminos rurales, acequias o redes de riego— continúan sin funcionar con plena normalidad.
Asimismo, ha denunciado que "las ayudas públicas llegan con bastante lentitud". "Las ayudas directas de las administraciones que llegaron al principio y las indemnizaciones de Agroseguro fueron un apoyo necesario para iniciar la recuperación, pero claramente insuficientes para compensar la magnitud de los daños", ha indicado.
En esta línea, la organización ha señalado que la mayoría de los apoyos económicos se han articulado bajo el régimen de minimis y, por tanto, "la ayuda máxima a la cual ha podido acceder un agricultor o ganadero afectado es de 25.000 euros, totalmente insuficiente para recuperar sus explotaciones con garantías suficientes para recuperar la capacidad productiva".
Parcelas en “limbo administrativo” tras la dana
Por otro lado, el 6% de las parcelas agrícolas dañadas por la dana permanecen aún en una especie de "limbo administrativo". Se trata de terrenos que el Gobierno incorporó al Dominio Público Hidráulico (DPH) y cuyos titulares "no saben cuándo cobrarán las ayudas ni lo que les corresponderá". La Unió ha reclamado en múltiples ocasiones al Ministerio para la Transición Ecológica que despeje "todas esas incertidumbres".
A su entender, las reducciones fiscales aprobadas para agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana este año "se quedaron muy cortas para paliar los efectos del que fue el peor año climatológico de los últimos tiempos como 2024 con la grave sequía y las terribles consecuencias ocasionadas por la dana". "Además, fueron incoherentes y crearon agravios comparativos entre productores de nuestro territorio según su lugar de empadronamiento y cultivo", ha lamentado.
Falta de relevo generacional en el campo
La Unió Llauradora también ha puesto el acento en la "precupante falta de relevo generacional" en el sector, ya que el número de jefes de explotación menores de 34 años se ha reducido un 10,4% en apenas tres años. Dentro de este grupo, solo el 7,1% de los titulares tiene menos de 40 años, mientras que el 56% supera los 55 años.
"Esta situación pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones y, por lo tanto, la misma viabilidad del sector agrario en el futuro", ha advertido la organización. En este contexto, ha valorado que la Conselleria de Agricultura haya publicado "por fin este año la convocatoria de ayudas para la primera instalación de agricultores y ganaderos jóvenes que llevaba sin salir desde 2021".
Recortes presupuestarios y caída de perceptores de la PAC
La entidad ha denunciado además que entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre el Consell de la Generalitat "aminoró o suprimió la friolera de 54 millones de euros de fondos del sector agrario de la Comunitat Valenciana para destinarlos a otras finalidades ajenas al sector".
En paralelo, el número de beneficiarios de las ayudas directas de la PAC en la Comunitat Valenciana se redujo un 14% en 2024 respecto al ejercicio previo, según los datos difundidos este año. El descenso global es de 5.476 perceptores y resulta más acusado en mujeres (16%) que en hombres (13%).
Solo 188 perceptores tienen menos de 25 años, lo que supone el 0,56% del total. En la franja de 25 a 40 años hay 1.775 beneficiarios, con una caída del 4% respecto a 2023, lo que refleja para La Unió una "tendencia preocupante".
El Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea contempla, además, un recorte del 22% de la PAC y su integración en planes multisectoriales, "poniendo en riesgo el relevo generacional y el futuro del campo", ha advertido la organización.
Acuerdo UE-Mercosur y presión comercial
La Unió Llauradora ha resaltado "la presión y reivindicación continua" ejercida tanto en los despachos como en la calle, que "logró retrasar un mes la firma del lesivo Acuerdo de Asociación UE-Mercosur".
Un estudio elaborado por la propia organización concluye que la balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España resulta "claramente deficitaria para nuestros intereses en los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas". El producto más afectado es el arroz, con un saldo negativo de -133.850 toneladas, seguido de los cítricos, tanto en fresco como en zumo.
Burocracia, aranceles y nuevas cargas
La obligación impuesta por el Ministerio de Agricultura de registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026 supone, a juicio de La Unió, "una carga administrativa adicional e innecesaria para los agricultores y finalmente se ha retrasado un año, pero no es la solución".
Asimismo, la organización recuerda que la imposición de aranceles del 20% a los productos agroalimentarios de la Unión Europea por parte de la administración de Donald Trump generó "un fuerte impacto en el sector".
Plagas, sanidad ganadera y fauna salvaje
La Unió Llauradora ha subrayado también que "el sector agrario vive pendiente de un hilo por las plagas y enfermedades que acechan a cultivos y granjas", citando, entre otras, la expansión de Scirtothrips aurantii o Trips de Sudáfrica.
La organización ha seguido denunciando los datos del sistema europeo de alertas en alimentos RASFF por rechazos de partidas hortofrutícolas de terceros países con materias activas no autorizadas en la Unión Europea o por superar los LMR fijados, con un incremento notable del 45%, lo que, en un contexto de reducción de fitosanitarios en la UE, evidencia la gravedad de la situación.
En los últimos meses, la ganadería valenciana "vive una situación de riesgo sanitario creciente que exige una respuesta inmediata, coordinada y responsable por parte de todos los actores implicados", ha advertido.
Por último, La Unió Llauradora ha puesto el foco en el aumento de las pérdidas derivadas de la fauna salvaje, que este año alcanzan los 60 millones de euros.