La Unió Llauradora reclama al Gobierno central que, "en coherencia con las declaraciones públicas realizadas tanto por el PSOE como por el PP en defensa de la aplicación de cláusulas de salvaguardia en el acuerdo con Mercosur cuando hayan distorsiones de mercado", ponga en marcha de forma inmediata, en defensa del sector citrícola, las gestiones ante la Comisión Europea para activar el artículo 34 del Acuerdo UE-SADC (fundamentalmente por el impacto de Sudáfrica), donde se recogen precisamente dichas cláusulas de salvaguardia.
En particular, la organización demanda al Ministerio de Agricultura que abra formalmente el procedimiento ante la Comisión Europea para investigar la posible existencia de daño grave o amenaza de daño grave, que se ponga en marcha un sistema de vigilancia reforzada entre septiembre y noviembre, que se estudie la aplicación de medidas de salvaguardia con carácter temporal y que, además, se promueva la incorporación de los pequeños cítricos a un régimen específico que corrija la actual distorsión estructural del mercado.
La entidad agraria ve imprescindible que España "lidere" esta actuación en defensa del conjunto del sector citrícola europeo, "garantizando un equilibrio real entre apertura comercial y protección de los sectores productivos estratégicos".
La Unió ha elaborado un informe técnico en el que detalla que, desde que el acuerdo entró en vigor en octubre de 2016, las compras totales de cítricos procedentes de Sudáfrica se han incrementado un 83%, mientras que las de pequeños cítricos (mandarinas y clementinas) lo han hecho un 303%. Ese fuerte crecimiento, denuncia, no ha ido acompañado de un aumento similar del consumo en la UE, lo que "implica una clara ganancia de cuota de mercado extracomunitaria en detrimento del productor europeo".
Asimismo, advierte de que una parte muy relevante de estas entradas se concentra en los meses de septiembre, octubre y noviembre, coincidiendo con el arranque de la campaña citrícola española y valenciana, lo que "distorsiona la formación de precios y altera el equilibrio del mercado en el momento más sensible para el sector".
La organización recuerda que España es el principal productor de cítricos de la Unión Europea y que la Comunitat Valenciana es el núcleo productivo de referencia. Lamenta que "la presión en inicio de campaña condiciona la rentabilidad anual de miles de explotaciones y compromete la sostenibilidad económica, social y territorial de amplias zonas productoras".
Al mismo tiempo, subraya que los pequeños cítricos no figuran bajo el mismo régimen arancelario que la naranja en el Acuerdo UE-SADC, lo que "ha favorecido un crecimiento exponencial de las exportaciones sudafricanas en este segmento". Apunta que, en 2025, más de la mitad del volumen anual de pequeños cítricos originarios de Sudáfrica accedió al mercado comunitario antes de enero, "coincidiendo plenamente con el arranque de la campaña europea".
Un problema estructural y un riesgo fitosanitario creciente
Según La Unió, todo este contexto está generando graves efectos estructurales, con desinversión en variedades extratempranas, reducción del margen comercial en origen y un acusado envejecimiento del tejido productor. El informe recoge también 640 interceptaciones fitosanitarias de partidas con plagas o enfermedades procedentes de Sudáfrica en el periodo analizado, "lo que confirma que el riesgo no es residual".
Para la organización, el debate abierto sobre el uso de cláusulas de salvaguardia en distintos sectores debe concretarse en "hechos concretos" cuando se trata de los cítricos. "Si PSOE y PP defienden la aplicación de cláusulas de salvaguardia cuando existen distorsiones de mercado, tal y como han declarado con el acuerdo con Mercosur, ahora tienen la oportunidad de demostrarlo con el sector citrícola. Los datos son objetivos y encajan plenamente en los criterios de daño grave o, como mínimo, de amenaza de daño grave que prevé la normativa europea", recalca su secretario general, Carles Peris.
Y añade: "No pedimos privilegios ni proteccionismo, sino la aplicación estricta de los instrumentos jurídicos que la propia Unión Europea contempla en el artículo 34 del Acuerdo UE-SADC y en el Reglamento europeo 2015/478. La apertura comercial no puede implicar la desprotección de un sector estratégico para España. Hay que trabajar de forma previa una vez que los datos son contundentes y no esperar a la petición de la aplicación de la cláusula de salvaguardia una vez empezada la campaña, ya que en productos frescos si no se aplican medidas correctoras con antelación cuando el mecanismo se pone en marcha es tarde y el daño está hecho".