La Unión ha comunicado a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, su oposición a la burocracia “cara e inútil” en la tramitación de expedientes, reclamando además “mayor diligencia” a la hora de exigir “presupuestos suficientes” para Extremadura.
Según ha detallado esta organización agraria en una nota de prensa, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha hecho públicas las ayudas destinadas a la reestructuración y reconversión del viñedo para los ejercicios 2026 y 2027, consideradas “muy importantes” para adaptar la producción de uva para vinificación en la comunidad a las nuevas demandas del mercado.
La Unión subraya que se está registrando un cambio en los hábitos de consumo, desplazándose de los vinos tintos de alta graduación hacia vinos blancos con menor graduación, por lo que entiende que “hay que modificar las variedades en las plantaciones de viñedo de Extremadura”.
En la orden difundida se detectan, a juicio de la organización agraria, dos “inconvenientes importantes” para los viticultores: por un lado, el “escaso presupuesto” asignado a estas actuaciones y, por otro, la “excesiva burocracia” diseñada por la Consejería de Agricultura.
España dispone de alrededor de 915.000 hectáreas dedicadas al viñedo, de las que unas 80.000 hectáreas se sitúan en Extremadura, lo que supone un 8,75 por ciento de la superficie total, con unos niveles de producción proporcionales.
Teniendo en cuenta que el presupuesto disponible para las medidas del sector vitivinícola a nivel estatal asciende a 204 millones de euro, La Unión calcula que a Extremadura le corresponderían “sobre unos 17,85 millones de euros”.
El “principal gasto” de la región en este ámbito se concentra en las ayudas de reestructuración y reconversión, ya que no se destina “nada en vendimia en verde, muy poco en promoción y apenas en inversiones”, de modo que los 9 millones previstos en la convocatoria publicada suponen, según la organización, un “claro ejemplo de discriminación por parte del Ministerio e incompetencia por parte de la Junta de Extremadura”.
Asimismo, critica que la resolución mantenga hasta 10 criterios de valoración de los expedientes, algunos de ellos calificados de “tan absurdos e inútiles” como la exigencia de inscribirse y abonar cuotas a una denominación de origen que “no vende una botella de vino calificada”, situaciones que, a su entender, “dan lugar a un exceso de burocracia que dificulta la tramitación de estas ayudas”.