La Xunta ha tramitado más de medio centenar de expedientes sancionadores contra industrias lácteas desde 2023, según detalló en la Comisión de Agricultura el director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño. El alto cargo defendió la actuación inspectora del Gobierno gallego en el sector lácteo en los últimos años, frente a las críticas formuladas por el BNG.
En la misma sesión, la diputada del Bloque, Adriana Fernández, denunció que en los últimos cuatro años han cerrado más de 1.500 granjas lácteas en Galicia y subrayó que no fue "por casualidad", al recordar que 314 explotaciones bajaron la persiana solo en el último año.
Fernández reprocha que las industrias apliquen recortes de entre ocho y diez céntimos por litro en los nuevos contratos, mientras llegan a Galicia cisternas procedentes de Francia y Portugal con precios todavía más bajos. Además, acusa a la Xunta de no intervenir ante esta situación que, a su juicio, está asfixiando a los productores gallegos.
En su réplica, el responsable de Cadena Alimentaria sostiene que el cierre de 314 explotaciones "no es la realidad", ya que asegura que "nacieron 70 en los tramos más grandes" y que el mapa productivo está cambiando porque desaparecen las granjas más pequeñas debido a una "juntanza" de explotaciones.
Recorte "exagerado" en el precio de la leche
Cerviño admite, no obstante, que en Galicia se registra una "exagerada reducción" de los precios lácteos en un corto espacio de tiempo. Pone como ejemplo que aquí se aplican rebajas de hasta 10 céntimos por litro en apenas un mes, mientras que en Italia el descenso fue de 9 céntimos entre septiembre y enero.
Por este motivo, considera que el ajuste en Galicia resulta "contudentemente más lesivo" que el que se observa en otros países europeos. También critica la posición de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), al afirmar que "cambia según le venga el aire".
Entre las medidas que defiende, el director xeral subraya que la Xunta reclama al Gobierno central la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para fijar un sistema homogéneo de cálculo de costes de producción que sirva como referencia en los contratos lácteos. Al mismo tiempo, aboga por reforzar la capacidad de negociación de los ganaderos, impulsando su integración en organizaciones de productores lácteos para mejorar su peso frente a la industria.