QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Como la canción que cantaba Ricky Martin «un pasito pa’lante y un pasito pa’trás». Así es el baile de la Ley de deforestación de la Unión Europea en los últimos meses, una normativa que, según se votó en la última semana de noviembre, cuenta con otro año de prórroga y se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2026.
Sin embargo, más que un baile esta normativa ha sido la protagonista de una competición política e institucional que Demócrata resume a continuación.
2020: Pacto Verde Europeo
El anterior equipo de la Comisión Europea liderado también por la popular Úrsula von der Leyen, presentó el Pacto Verde Europeo como el principal objetivo de su mandato para 2019-2024.
Uno de los grandes impulsores del proyecto y vicepresidente de la Comisión Europea fue Frans Timmermans, un socialista holandés con fuertes convicciones ambientales que dejó su cargo en la Comisión antes de finalizar la legislatura comunitaria.
Así, las líneas ambientalistas marcaron las políticas de este período, siendo la Ley de Deforestación (conocida en la jerga comunitaria como Reglamento de la UE sobre Deforestación o EUDR) una de las que más reflejan el compromiso europeo con la lucha mundial contra el cambio climático.
El EUDR o Ley de Deforestación fue aprobada en abril 2023 por 552 votos a favor, dando hasta enero de 2025 como tiempo suficiente para su aplicación.
¿Por qué se aprueba?
El EUDR es el compromiso europeo por frenar la deforestación en el mundo prohibiendo la entrada de productos procedentes de áreas deforestadas en terceros países.
De este modo, se garantizará a los consumidores europeos que los productos que adquieran no contribuirán a estas prácticas ni a la degradación forestal.
Con ello se pretende reducir al menos 32 millones de toneladas de emisiones de carbono al año y beneficiar a los bosques que contribuyen a la luchan contra el cambio climático.
¿A quién afecta?
Directamente a las empresas que introducen por primera vez el producto pertinente en el mercado de la UE, y no a los operadores y comerciantes que posteriormente lo transformen y comercializen. En concreto, a importadores de determinadas productos que tradicionalmente se dan en tierras deforestadas: aceite de palma (muy utilizado por la industria alimentaria); carne de vacuno; café; cacao; madera; y soja (materia prima básica para la producción de piensos para animales).
Para saber diferenciar más fácilmente qué países tienen un mayor o menor riesgo de producir productos en tierras deforestadas, la Comisión ha creado un listado indicando el alto, bajo o medio riesgo de cada estado.
Las empresas que comercializen estos productos en la Unión Europea deberán recopilar la información pertinente para garantizar que no proceden de tierras deforestadas. Actualmente hay dos tipos de empresas:
- los operadores intermedios y comerciantes «no pyme», para los que se establece presentar una «declaración de diligencia debida» (DDD),
- los microoperadores o pequeños operadores primarios de países con bajo riesgo, que presentarán una declaración simple y única en el sistema informático del RDUE.
La web del Ministerio de Transición Ecológica tiene este espacio web específico con información y documentación del EUDR.
Los productores de piensos para animales y el ámbito de los cereales ha sido algunos de los sectores agroalimentarios que han estado más pendientes de la evolución del EUDR. España es el primer productor de piensos alimenticios de la Unión Europea y al mismo tiempo el país es deficitario en cereales, por lo que depende de la importación de estos últimos y de la soja. Además, hay quien sospecha que, tras la entrada en vigor de la ley, se abrirá a otros cereales como el maíz, también imprescindibles para la alimentación del ganado.
Un pasito pa`lante y uno pa’trás
El pasado mes de septiembre el comisario de Agricultura, Christophe Hansen y el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, coincidieron en declarar que era mejor retrasar otro año más la aplicación del EDUR, aduciendo al sistema informático y a la carga administrativa que conlleva la aplicación deeste Reglamento.
Sin embargo, un mes después, la Comisión sorprendió con un cambio de opinión, flexibilizó varias medidas y presionando para que que el EUDR entrara en vigor el 30 de diciembre de 2025 (posiblemente por interés de Vicepresidencia de Transición Limpia, Justa y Competitiva dirigida por Teresa Ribera). En esa flexibilización un punto importante fue establecer la categoría de «micro y pequeños operadores» de países de bajo riesgo para los agricultores y empresarios forestales.
Pero el pasado 26 de noviembre hubo otro giro: el Parlamento Europeo votó a favor de retrasarla un año más y refrendó la opinión del Consejo Europeo, que siete días antes también había propuesto retrasar la aplicación del EUDR al 30 de diciembre de 2026.
Este nuevo cambio molestó a la vicepresidenta de la Comisión Europea que incluso planteó retirar la normativa.
«Los sistemas informáticos no son los adecuados y las multas previstas son bárbaras. Algunos importadores preferían dejar de importar a afrontarlas,» explica una experta en mercados de cereales, indicando la inestabilidad que se hubiera creado en los mercados ganaderos y de alimentación animal.
Próximos plazos
En principio, los operadores no pymes deberán cumplir el EUDR a partir del 30 de diciembre de 2026, y los microoperadores a partir del 30 de junio de 2027.
No obstante, el Parlamento Europeo solicitó que se haga una nueva revisión sobre la simplificación de los procedimientos para el próximo 30 de abril, con el objetivo de evaluar de nuevo el impacto administrativo de esta normativa pionera.
