El sector apícola profesional se manifestará este lunes, 26 de enero, en Salamanca, dentro de las protestas impulsadas por las organizaciones profesionales agrarias en unidad de acción frente al acuerdo UE-Mercosur, y tiene previsto realizar un reparto de miel ante la Subdelegación del Gobierno.
Las cuatro organizaciones convocantes, Asaja, UPA, COAG y UCCL, han señalado que con esta acción buscan trasladar a la ciudadanía la relevancia de preservar el sector apícola, recordando que las abejas son el principal agente polinizador y resultan esenciales para la biodiversidad y la protección del entorno natural. “Sin abejas no hay vida”.
Las OPAs han indicado que el propio Ministerio de Agricultura ha admitido que el sector de la miel figura entre los más perjudicados por el acuerdo UE-Mercosur y lo ha definido como “sector sensible”. También se apoyan en las cifras comerciales del último ejercicio, cuando la UE importó alrededor de 75.000 toneladas de miel, en su mayoría procedentes de China, Ucrania y los países de Mercosur.
En el caso de Ucrania, el contingente que entra en la UE libre de arancel alcanza las 35.000 toneladas de miel anuales, con un precio medio de importación en 2025 de 1,94 euros/kilo.
Según los cálculos de las organizaciones agrarias, el acuerdo UE-Mercosur abriría la puerta a la llegada a Europa de 45.000 toneladas de miel exentas de arancel. Recuerdan que, en el último año, los precios de importación desde Mercosur rondaban los 2,05 euros/kilo, incluyendo un arancel del 17,30 por ciento.
Al mismo tiempo, subrayan que el coste de producir 1 kilo de miel española se sitúa cerca de los 4 euros/kilo. “Con estos datos los números no fallan, las cuentas no le salen a los apicultores profesionales”, afirman los convocantes, que advierten de que la aplicación de este acuerdo comercial con Mercosur provocará un hundimiento de los precios de venta de la miel hasta los 2 euros/kilo y abocará al sector apícola español “a su completa desaparición”.
“Este tipo de acuerdos comerciales suponen una flagrante vulneración de la ley de cadena alimentaria y además una desprotección para los consumidores, al permitir llegar a los lineales de los supermercados alimentos producidos con unos estándares de calidad y seguridad alimentaria inferiores a los exigidos para los productores europeos”, lamentan las organizaciones.