Los productores de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Jamón de Trevélez”, asentados en la Alpujarra granadina, han expresado su malestar porque, tras las últimas decisiones judiciales, el Ministerio de Agricultura vaya a “continuar con el registro de la IGP Jamón Serrano” y, con ello, siga “apoyando” a la gran industria jamonera.
El Consejo Regulador de la IGP Jamón de Trevélez, junto con otras organizaciones, lleva una década oponiéndose a este registro y hace dos años decidió acudir a los tribunales.
A comienzos de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó de forma parcial su recurso y dejó sin efecto dos de las resoluciones fundamentales del procedimiento para la creación de esta nueva IGP al apreciar “defectos de tramitación esenciales”.
La sentencia ordena devolver el expediente al momento previo a la aprobación de dichas resoluciones, de modo que, entre otros extremos, se incorpore un informe de la Oficina Española de Patentes sobre las marcas ya registradas vinculadas a esta denominación, con el objetivo de evitar posibles indefensiones.
El sector denuncia que, pese a este fallo, el Ministerio seguirá adelante con el registro de la IGP Jamón Serrano y con la anulación de la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) Jamón Serrano, aun cuando existan “numerosas marcas registradas” con el término jamón serrano tanto en la Oficina Española de Marcas y Patentes como en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Insisten en que la palabra “serrano” alude a la sierra, al entorno donde tradicionalmente se elaboran estos jamones y cuyas condiciones climáticas permiten su curación en ambiente natural, lo que explica la reputación que han adquirido durante siglos en determinadas zonas concretas de España.
Frente a ello, sostienen que la IGP que el Gobierno pretende registrar “de manera engañosa, pretende apropiarse del término para identificar en realidad jamones no elaborados en la sierra ni curados en ambiente natural”.
Según advierten, “con el registro de esta IGP cualquier jamón curado, sin distinción de razas, elaborado en España, con una curación mínima de nueve meses, en condiciones naturales o artificiales, de cerdo blanco o ibérico podrían llevar el sello de la IGP”.
A su juicio, esta situación “devaluará y afectará a la imagen y credibilidad de las figuras de calidad Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida”, que exigen acreditar un fuerte vínculo entre las características del producto, su prestigio y el entorno geográfico concreto donde se elabora.
En la actualidad hay 203 empresas autorizadas para producir ETG, con una fabricación de 21 millones de piezas, y los jamoneros de Trevélez se cuestionan “qué garantía y distinción va a tener el consumidor cuando en el mercado estén todos los jamones amparados por una figura de calidad diferenciada europea IGP”.