El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha reiterado en distintas ocasiones su defensa de que el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur quede en todo momento condicionado a la reciprocidad normativa, al entender que es esencial que los agricultores españoles y madrileños puedan competir en “igualdad de condiciones” frente a los productos importados.
El pleno del Parlamento Europeo ha decidido ahora llevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas sobre su encaje con el Derecho comunitario. Este paso frena de facto el proceso de ratificación, aunque no bloquea necesariamente su aplicación provisional, que queda en manos de la Comisión Europea.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, suscribió la semana pasada un pacto con los principales representantes de las organizaciones agrarias y ganaderas madrileñas para blindar los intereses del sector primario ante el acuerdo UE-Mercosur, y defendió la urgencia de una política agraria “orientada a un modelo productivo justo”.
Novillo ya advirtió entonces que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no vería posible respaldar la firma del acuerdo UE-Mercosur si no se respetaba un conjunto de “condiciones” destinadas a salvaguardar a los productores del campo madrileño.
Entre esos requisitos figuran unas “cláusulas de salvaguarda” “automáticas y transparentes” para proteger al sector; la implantación de controles en frontera que aseguren que las importaciones cumplen los mismos estándares de seguridad alimentaria; y una reciprocidad normativa que garantice un marco de competencia equilibrado.
La Comunidad de Madrid sitúa la “autosuficiencia alimentaria” de la Unión Europea como una prioridad estratégica y considera la producción de alimentos una “industria crítica” equiparable en importancia a la de Defensa. “Sin alimentos no tendremos soldados que puedan protegernos”, subrayó el consejero Novillo tras rubricar el acuerdo con las organizaciones de agricultores y ganaderos de la región.
El tratado entre los Veintisiete y Mercosur ha desencadenado protestas de agricultores y ganaderos en numerosas capitales europeas, incluida Madrid. En la capital se han movilizado en repetidas ocasiones, una de las últimas en diciembre del año pasado ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para denunciar la “falta de respuestas eficaces a los muchos problemas”.
La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur al TJUE
El Parlamento Europeo decidió este jueves, con un estrecho margen de apenas diez votos, denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el TJUE. La iniciativa para solicitar un dictamen jurídico, impulsada por la izquierda europea, prosperó con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, mientras que quedó rechazada otra propuesta similar respaldada por Patriotas por Europa.
A raíz de esta decisión, el TJUE deberá pronunciarse tanto sobre la base jurídica del acuerdo de asociación (EMPA, por sus siglas en inglés) como sobre el acuerdo comercial interino (ACI), cuya competencia corresponde exclusivamente a la Unión Europea. La Eurocámara aguardará el criterio del Tribunal antes de someter a votación en el pleno la ratificación del pacto.
Entre las cuestiones que el Parlamento Europeo someterá al análisis del TJUE destaca el mecanismo de reequilibrio, que permite a los Estados de Mercosur cuestionar normas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. Los eurodiputados temen que este instrumento pueda chocar con la autonomía reguladora de la UE y con sus Tratados, y termine erosionando la solidez del marco normativo comunitario.