QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En su reciente intervención en la Junta General del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, Consejero de Medio Rural y Política Agraria, defendió el Proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales. Este proyecto tiene como meta ‘reconocer, visibilizar y dignificar el papel de las mujeres’ en las zonas rurales de Asturias.
El consejero destacó que el proyecto ‘no es un gesto simbólico, sino un conjunto de medidas concretas, ambiciosas y transformadoras’ que buscan asegurar ‘el acceso de las mujeres a los mismos derechos, oportunidades y reconocimientos que cualquier otro ciudadano, viva donde viva’.
El Estatuto se organiza en torno a tres ejes centrales: igualdad de oportunidades, formación y empleo, y conciliación. En el tema de igualdad, se incluyen campañas para eliminar estereotipos de género y aumentar la visibilidad y participación de las mujeres rurales.
En cuanto a formación y empleo, el estatuto promueve el acceso de las mujeres a cargos de responsabilidad y a formación especializada, fomentando así la creación de empresas y la profesionalización de oficios tradicionales. También se impulsa la titularidad compartida de explotaciones agrarias.
Además, se establecen ayudas específicas para la conciliación y corresponsabilidad en el cuidado de dependientes. Marcando una clara intención de combatir la desigualdad de género que limita el acceso al crédito para emprendedoras rurales.
Marcos recalcó que el estatuto también incorpora medidas contra la violencia de género en el medio rural, recordando que ‘la violencia machista no es un fenómeno exclusivamente urbano’. El aislamiento agrava su impacto en las mujeres rurales, destacó.
Finalmente, el consejero enfatizó que el Estatuto es crucial para frenar el despoblamiento rural desde una perspectiva de igualdad, proclamando que ‘no habrá repoblación posible si no garantizamos condiciones dignas para que las mujeres puedan quedarse, desarrollarse y liderar en sus territorios’.
El proyecto ha superado las etapas de información y audiencia pública sin alegaciones, y ha contado con la participación de diversos colectivos y entidades en su elaboración, según indicó Marcos en respuesta a las críticas de Vox y PP sobre la inclusión de asociaciones en el proceso.
