El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha reiterado este viernes la posición del Principado de Asturias frente a la propuesta de incluir la anguila en el catálogo español de especies amenazadas en peligro de extinción. Lo ha hecho en el transcurso de una reunión telemática de los consejos consultivos de Política Pesquera y de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en la que también se ha analizado la urgencia de asegurar financiación suficiente para la PAC más allá de 2027.
Tras el encuentro, Marcos ha señalado que las informaciones que reciben “siguen siendo descorazonadoras porque realmente se habla de ampliaciones, de recomendaciones, de desarrollo de estructura de la PAC, pero realmente no se habla de lo importante que es ese marco financiero y los recursos necesarios para tener, más allá del 2027, una viabilidad importante para el primer sector de nuestro país y de todos los países de la propia Unión Europea”.
En relación con la anguila, el responsable asturiano ha indicado que el rechazo del Principado se fundamenta en que la especie “ya se encuentra sometida a un régimen de protección y un control elevado y progresivo” y en que no se han valorado “las consecuencias jurídicas sobre actividades que actualmente están autorizadas, ni la interacción con la política pesquera común, ni los efectos sobre instrumentos de gestión sectorial”.
Ha insistido además en las repercusiones socioeconómicas que tendría la catalogación para la flota artesanal de la región: “La pesca profesional de angula es una actividad tradicional y lo sabemos bien en Asturias, que además está intensamente regulada y vinculada a un modelo de pesca artesanal de pequeña escala que sostiene la renta anual de nuestros pescadores. Además, no representa un gran volumen, está limitada en días, en número de licencias, está sometida a un estricto control técnico y administrativo”.
Marcos ha alertado igualmente de posibles desequilibrios dentro de la Unión Europea y ha puesto como ejemplo que Estados como Francia, que concentra cerca del 90% de las capturas comunitarias, podrían continuar con la actividad. “O, por ejemplo, ¿cómo afectaría a nuestra comunidad vecina Galicia? Se daría la paradoja que en el río Miño, en el lado de Galicia, no podrían realizar capturas, y sin embargo, por el lado de Portugal sí”.