Los mataderos de Castilla y León se encuentran en una “situación crítica”, según ha declarado la Asociación de Mataderos de Castilla y León (Amacyl). El descenso en el número de cabezas de ganado ovino y vacuno, atribuido a las políticas de la Política Agrícola Común (PAC), la excesiva burocracia y otros problemas relacionados con el bienestar animal y el relevo generacional, son las principales causas de esta crisis.
“Según datos de COAG, cada año, 1.550 ganaderos en régimen extensivo se ven obligados a echar el cierre, lo que supone de cuatro a cinco cierres diarios. Desde 2006, España ha perdido 21.946 explotaciones de vaca nodriza y 6.132 explotaciones de ovino de carne. Esta situación ha provocado, por un lado, el descenso de sacrificios de cabezas de ganado, y por otro, el aumento de los precios al consumidor al mantenerse la demanda y reducirse la oferta”, detalla Amacyl.
La situación actual amenaza la continuidad económica de estos establecimientos y el empleo en las áreas rurales, donde se sitúan la mayoría de estos mataderos. Amacyl insta a las administraciones a adoptar medidas que contrarresten el cese de la actividad ganadera y promuevan el relevo generacional, así como a reducir las barreras burocráticas y aumentar las ayudas económicas para los ganaderos.
Además, enfrentan una “excesiva carga impositiva”. La normativa de Provacuno e Interovic, vigente desde enero de 2026 hasta diciembre de 2030, impone un coste obligatorio para todos los operadores del sector cárnico de ovino y vacuno en España, destinado a financiar actividades de promoción y comunicación. En el caso del ovino, los mataderos y ganaderos deben aportar ocho céntimos por cabeza, y en el caso del vacuno, 50 céntimos cada uno.
“En estos momentos no podemos asumirlas porque son un coste elevadísimo y porque estamos asumiendo el coste que los ganaderos tienen que aportar en la mayoría de los casos. Los mataderos están aportando a estas dos entidades 16 céntimos por cabeza de ovino sacrificada y 1 euro por cabeza de vacuno, algo inviable y que se tiene que revisar por el Gobierno”, comentan desde Amacyl.
Finalmente, Amacyl también critica que muchas ayudas Leader destinadas a fomentar inversiones o modernizar instalaciones no se aprovechan debido a la complejidad de los requisitos exigidos, a pesar de estar orientadas a la creación de empleo o la contratación de mujeres.