El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha propuesto una Orden que establece las condiciones bajo las cuales se deberá retirar aceite de oliva del mercado debido a un exceso de oferta. Esta medida, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), podría resultar perjudicial principalmente para los consumidores de menores ingresos y para otros agentes como los distribuidores y exportadores, al provocar un aumento de precios y una disminución en la variedad y calidad del producto.
Las regulaciones tanto europeas como nacionales respaldan estas intervenciones, que se aplicarán cuando el total de existencias iniciales más la producción supere, al menos, el 120% del promedio de las seis campañas anteriores, sin exceder el 20% de la producción estimada.
La CNMC sugiere que antes de proceder con la retirada obligatoria del producto, se deberían considerar otras alternativas como el almacenamiento privado o los instrumentos de la normativa de la cadena alimentaria, asegurando que “cualquier intervención pública debe ser proporcional, transparente y con el menor impacto posible sobre el funcionamiento competitivo del mercado”.
Adicionalmente, Cani Fernández, presidente de la CNMC, recomienda perfeccionar la metodología para determinar desequilibrios en el mercado y ajustar el porcentaje de retirada para cada almazara. También propone especificar claramente quiénes serán los sujetos obligados y considerar el impacto económico del almacenamiento durante la campaña, además de fortalecer los mecanismos de control y permitir la cancelación anticipada de la medida si las condiciones del mercado evolucionan favorablemente.
La CNMC manifiesta su preocupación porque la futura orden podría llevar a un aumento en los precios y una reducción en la diversidad y calidad del aceite de oliva, afectando a un sector que es vital para España, líder mundial en producción y exportación y crucial para las economías rurales.