El Gobierno de la Región de Murcia y las principales organizaciones agrarias han dado un nuevo impulso a la elaboración de un protocolo de actuación que permita adelantarse en el control fitosanitario de los cultivos. La finalidad es poder tramitar con más margen las solicitudes de autorizaciones excepcionales para determinadas materias activas.
Este asunto centró buena parte de la reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal de la Región de Murcia, celebrada este miércoles en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, bajo la presidencia de la consejera Sara Rubira, según indicó la Comunidad.
En la sesión participaron los máximos responsables de las organizaciones profesionales agrarias, la federación de cooperativas y las asociaciones de productores y exportadores de frutas y hortalizas, además de técnicos especializados, con el fin de revisar la situación actual de las plagas que afectan a los cultivos.
El sector ha calculado la pérdida de 6.100 hectáreas de superficie cultivada, de las que cerca de 4.000 corresponden a lechuga, 1.500 a brásicas, 300 a apio y otras 300 a alcachofa.
A partir de la experiencia de campañas anteriores, durante el encuentro se analizaron las posibles amenazas fitosanitarias que pueden incidir en los cultivos de la Región, con el propósito de adelantar la tramitación de autorizaciones excepcionales y garantizar que los agricultores dispongan de los productos necesarios justo cuando deban aplicarlos.
Igualmente, se trataron cuestiones como la pérdida de eficacia de algunas materias activas autorizadas, la situación actual de las autorizaciones excepcionales vigentes y las demandas del sector en materia de protección fitosanitaria.
Reivindicación conjunta ante el Ministerio
Rubira explicó al sector las gestiones emprendidas por el Gobierno regional junto con Andalucía y la Comunidad Valenciana para exigir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la adopción de medidas excepcionales, ante la complicada coyuntura que atraviesa la agricultura por la falta de herramientas eficaces frente a las plagas que dañan los cultivos hortofrutícolas.
La consejera, junto a sus homólogos de ambas comunidades, ha enviado una carta conjunta al ministro Luis Planas en la que se solicita “una reunión urgente y la adopción de soluciones excepcionales”.
Las tres autonomías advierten de que la retirada paulatina de sustancias activas, unida a los efectos del cambio climático y al incremento de las exigencias comerciales, está comprometiendo la producción y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
“Hemos solicitado que se utilicen de forma ágil los mecanismos de emergencia previstos en la normativa europea para permitir autorizaciones excepcionales cuando exista riesgo grave para la producción”, ha detallado Rubira.
La consejera ha recalcado que esta situación provoca “un agravio comparativo y una pérdida de competitividad para los agricultores españoles frente a productores de otros países de la Unión Europea que sí cuentan con estas herramientas”.