Organizaciones ecologistas y del sector agroganadero describen la situación actual del lobo ibérico como una “tensa calma chicha” y un “limbo o laberinto legal”, en un escenario en el que ONG, ganaderos, comunidades autónomas (CCAA) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantienen posiciones enfrentadas. Todo ello, a la espera de que Transición Ecológica remita a Bruselas (Bélgica) el informe sexenal sobre la especie, mientras 2025 concluye con recursos judiciales contra los planes de “gestión” aprobados en varias autonomías con presencia de lobo.
“Te diría que tensa calma chicha, es decir, no hay grandes novedades”, ha señalado en declaraciones a Europa Press el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez.
El debate político sobre la protección del lobo se arrastra desde su controvertida inclusión en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). La polémica volvió a intensificarse a finales de marzo de 2025 con la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, que en la práctica rebajaba de nuevo el nivel de protección. No obstante, la normativa europea impide aplicar “controles letales” cuando la especie se encuentra en un estado de conservación desfavorable.
Tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno centró el foco en el censo de la especie, que debía remitirse a Bruselas antes de agosto. Según datos aportados por las CCAA, existen 333 manadas de lobo en España. El Ministerio defendió entonces que esta cifra está lejos de las “500” necesarias para considerar que la especie es viable.
El principal choque con los gobiernos autonómicos gira en torno a qué criterios deben emplearse para determinar esa viabilidad. El departamento de Sara Aagesen se apoya en una sentencia de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que establece que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, se considera desfavorable en todo el ámbito. Por el contrario, las CCAA con presencia de lobo sostienen que la población está plenamente recuperada en sus regiones, donde constatan un aumento sostenido de ejemplares.
La Ley de Desperdicio Alimentario introduce además que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente deba avalar los informes sexenales a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de modo que el documento que se envíe a Bruselas requerirá el visto bueno de las CCAA. Desde el punto de vista de la normativa comunitaria, este requisito no es obligatorio y, de hecho, forma parte de los preceptos de la ley recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.
Durante los meses de junio y julio se celebraron varias Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente, calificadas de tensas por fuentes autonómicas consultadas por Europa Press. Sin embargo, desde el inicio del curso político, Transición Ecológica no ha vuelto a convocar ninguna reunión de este tipo.
Casi cinco meses después del plazo para entregar el informe sexenal del lobo, el portavoz de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki, ha confirmado a Europa Press que el Ejecutivo español aún no ha remitido los informes del Artículo 17 de la Directiva Hábitats, que abarcan las especies incluidas en dicha norma, entre ellas el lobo, porque “es necesario revisar algunos datos”.
Diferencias de criterio en los tribunales
Desde la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, varias autonomías han intentado poner en marcha sus propios ‘planes de gestión’ del lobo, iniciativas que han terminado sistemáticamente ante los tribunales tras las denuncias de distintas ONG ecologistas. Ecologistas en Acción participa en los recursos interpuestos contra las normativas de Cantabria, Asturias y La Rioja.
Según ha detallado a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, en Galicia se aceptaron las medidas cautelares y quedaron suspendidos los ‘controles’ que se habían autorizado; mientras que en La Rioja se dio luz verde a una cacería en la Reserva Regional de Caza Cameros Demanda, decisión que la organización también ha impugnado.
Al mismo tiempo, Ecologistas en Acción ha presentado una queja ante la Comisión Europea contra la Ley de Desperdicio Alimentario por vulneración de la Directiva Hábitat y está a la espera de respuesta. “Lo curioso es que a nivel legal con la misma argumentación en unos sitios lo aceptan y en otros no (...). En todos los casos, la base legal es la misma, el lobo no está en un estado de conservación favorable y, por lo tanto, según el artículo 14 de la Directiva Habitat, no pueden autorizarse los controles, pero ya te digo que judicialmente uno lo acepta, otro no, es bastante ilógico”, ha criticado.
El coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez, ha añadido que la “única” novedad ha sido una carta de la Comisión Europea “en la que confirmaba a un parlamentario del PSOE, César Luena, que cazar lobos en estado de conservación desfavorable es ilegal”. “Esperamos que los tribunales lo tengan en cuenta, pero hasta ahora esa comunicación no ha tenido un efecto real”, ha indicado.
Mientras tanto, las ONG aguardan a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso contra varios artículos de la Ley de Desperdicio Alimentario que suponen una rebaja de la protección del lobo, y a que el Gobierno complete y remita el informe sexenal de la especie a Bruselas. “No sabemos qué es lo que al final va a ocurrir, si se va a tener en cuenta la ciencia y los criterios científicos (...) o se va a atender a criterios políticos”, ha lamentado Oberhuber.
Los 20 millones ligados a la Estrategia del Lobo
Durante el verano, Transición Ecológica se reunió con representantes de los ganaderos y organizaciones ecologistas para plantear que, en caso de que el lobo vuelva a ser declarado especie cinegética, los 20 millones vinculados a la Estrategia Nacional del Lobo se gestionen a través de la Fundación Biodiversidad, que trabajaría con los distintos actores del territorio.
El coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Silva, ha explicado a Europa Press que esta propuesta fue rechazada por parte del sector ganadero, que la interpretó como “una manera encubierta de financiar ciertos sectores o asociaciones ecologistas y animalistas que pretendían seguir sacando dinero del MITECO”. El representante agrario, que ha calificado el escenario actual de “limbo o laberinto legal”, ha insistido en que el sector no persigue la eliminación de la especie.
“No sé cuántas veces habrá que decirlo, pero en definitiva tiene que haber un control poblacional porque somos el país que más lobos tiene ahora mismo de Europa y solo en Castilla y León hay más lobos que en toda Francia entera. Esto es inadmisible y en otros países están tomando ya medidas y se permite el control”, ha lamentado.
Por su parte, la gerente de ASAJA Asturias, Geri González, ha advertido en declaraciones a Europa Press de que revisarán con detalle los datos que el departamento de Sara Aagesen remita a Bruselas. Ha recordado que la organización ya alertó en 2022 a la UE de que las cifras facilitadas por el Gobierno eran “obsoletos”. Además, ha subrayado que ASAJA continúa trasladando a las instituciones europeas “el problema que están sufriendo”.