Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, actuando de forma conjunta, han reclamado a las industrias lácteas que operan en la Comunidad, especialmente a las que consideran “más relevantes o señeras por marca o por volumen de negocio”, que amplíen durante 15 días, al menos hasta mediados de abril, el plazo de negociación de los contratos lácteos que caducan el 31 de marzo. Además, piden que se continúe recogiendo la leche mientras duren las conversaciones y que el precio que finalmente se acuerde tenga carácter retroactivo desde el 1 de abril.
Según explican en un comunicado remitido a Europa Press, el proceso de negociación está siendo “muy precipitada”, ya que, a su entender, las empresas han esperado “a los últimos días” para presentar sus propuestas, y, en la mayoría de los casos, “las están haciendo verbales y no por escrito”. Señalan que “unas ofertas que vienen a representar bajadas de precio del orden del 14 por ciento sobre un precio de referencia actual de 52 céntimos de euro el litro”, algo que consideran inasumible para las explotaciones ganaderas.
Las OPA denuncian que, con esta forma de proceder y teniendo en cuenta que la leche es un producto perecedero, las industrias juegan “con ventaja” en el proceso negociador y pueden imponer “todas y cada una de sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada”. Advierten de que “dejar de recogerles leche el día 1 de abril, a quienes no tengan todavía suscritos los contratos, se entendería como un chantaje, y convertiría a la Ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial”.
Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG reiteran su petición de prolongar el periodo de negociación, que las ofertas de las industrias se formulen por escrito, que se recoja toda la leche mientras continúe el diálogo y que el importe definitivo pactado tenga retroactividad desde el 1 de abril.
“Ante la magnitud del problema que se presenta, con caídas de precios de hasta el 14 por ciento, las Organizaciones Profesionales exigen a las administraciones públicas, Estado y Junta, que, se ofrezcan a mediar entre las partes, para que vigilen que se cumplen las normas en vigor, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria y que no hay pactos de precios entre los principales operadores”, recoge el comunicado, en el que insisten en la necesidad de supervisar el comportamiento de las principales compañías del sector.
Las organizaciones confían en que tanto las industrias lácteas como la gran distribución actúen “con amplitud de miras” y prioricen “la viabilidad del sector, a medio y largo plazo, frente a medidas cortoplacistas, como es la de hundir los precios en un momento de excedentes puntuales en varios países productores de leche de la Unión Europea”.