El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha comunicado la presentación de un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que rechazó admitir a trámite su querella contra el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. En dicha querella se le atribuían presuntos delitos de prevaricación y utilización de informes periciales falsos, en relación con las autorizaciones de captura y abatimiento de lobos en la región.
Tal y como ha detallado Pacma en una nota de prensa, respecto al presunto delito de prevaricación el Tribunal ha considerado más oportuno aguardar al resultado de las diligencias de investigación abiertas en el Juzgado de Instrucción de Oviedo, también promovidas por Pacma frente a los peritos autores, sobre la supuesta falsedad de los informes periciales cuestionados. A juicio del Tribunal, solo a partir de lo que se aclare en ese procedimiento podría determinarse la posible implicación del consejero.
Además, el órgano judicial ha decidido no profundizar en el supuesto uso, por parte del consejero, de testigos o dictámenes periciales falsos, al entender que no hay pruebas de que ordenara aportar esos informes en el proceso contencioso-administrativo en el que la Consejería defiende la legalidad de la resolución que autoriza la captura de lobos en el Principado de Asturias.
Sin embargo, la formación animalista reprocha que el Tribunal haya llegado a esa conclusión sin haber llevado a cabo “ni las mínimas diligencias de investigación”, lo que, según sostiene, impide averiguar quién dio la orden de remitir los informes técnicos periciales al juzgado. También pone en duda que pueda descartarse la responsabilidad del consejero cuando la propia Consejería figura como única remitente de esa documentación al Tribunal.
Pacma considera que esta decisión judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y provoca “una irrazonable e impermisible” situación de “bloqueo institucional” que frena el esclarecimiento de posibles responsabilidades penales de miembros del Ejecutivo autonómico. Igualmente, censura la posición de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que sostiene que los posibles errores o inexactitudes de los informes técnicos carecerían de relevancia penal.
El partido animalista subraya que el Código Penal y la doctrina de los Altos Tribunales prevén sanciones para los peritos que falten a la verdad mediante inexactitudes u omisión de datos en sus dictámenes, y mantiene que la falsedad, inexactitud u ocultismo de datos objetivos en un informe pericial “no puede considerarse un simple juicio de valor, sino una falsedad típica”.
Por otra parte, Pacma resalta que la Comisión Europea ha advertido recientemente de que la caza o explotación del lobo solo puede autorizarse si se garantiza un estado de conservación favorable de la especie en todo el territorio del país, condición que, según el partido, no se cumple en España. Por este motivo, anuncia que seguirá recurriendo ante todas las instancias necesarias para reclamar la investigación de los hechos y la anulación de las normas autonómicas que avalan la captura o muerte de lobos.