El Partido Animalista (Pacma) ha presentado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) contra la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que da luz verde al Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026.
Según Pacma, este programa vulnera de “forma flagrante” la normativa europea y estatal de protección de la fauna silvestre, al permitir la captura y eliminación de lobos en un escenario en el que la especie mantiene un estado de conservación desfavorable en todo el territorio nacional. Recuerdan que así lo acreditan los informes oficiales remitidos por el propio Gobierno español a la Comisión Europea, así como el último censo nacional del lobo.
La formación animalista sostiene que el plan diseñado en Asturias pasa por alto la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determina que no se pueden aplicar medidas letales sobre una especie protegida mientras su estado de conservación siga siendo desfavorable, incluso en aquellas áreas donde la normativa abre la puerta a actuaciones de gestión. Pacma reprocha que la Administración autonómica haya elegido la caza como herramienta central, dejando de lado el principio de precaución ambiental y las obligaciones que se derivan de la Directiva Hábitats.
CUESTIONAMIENTO DE LOS INFORMES TÉCNICOS
En su recurso, Pacma también pone en duda la solidez científica de los informes técnicos que sirven de base al programa, y sostiene que estos inflan las estimaciones de población de lobos, omiten información clave sobre su situación real y no cumplen con los estándares metodológicos que fija la normativa europea.
El partido animalista critica, además, que no exista una política real de coexistencia con la ganadería, ya que el programa no sitúa en primer plano ni desarrolla de forma adecuada medidas de prevención como la protección efectiva del ganado, el empleo de mastines, los cerramientos o un sistema de compensaciones ligado a la adopción de medidas preventivas.
Asimismo, la demanda subraya la “falta de transparencia y de participación pública”, al considerar que no se ha garantizado un trámite de audiencia efectivo ni el acceso pleno a la información ambiental, lo que, a juicio de Pacma, vulnera el Convenio de Aarhus y la normativa española sobre participación ciudadana en asuntos ambientales.
La formación política concluye que confía en que el recurso prospere “en defensa de los que es de todos y no de los cazadores: la naturaleza, nuestros bosques y parques nacionales”.