QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba ha llevado a cabo la presentación de dos mociones relevantes para el próximo Pleno, manifestando Antonio Martín Romero, portavoz del grupo, que el fin es “exigir al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y competencias” en dos ámbitos críticos: la gestión de la enfermedad de la lengua azul y los costes asociados a las aulas de examen de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La primera moción se enfoca en la “preocupante expansión de la enfermedad de la lengua azul en Andalucía y otras comunidades, que ya está causando graves consecuencias económicas y sanitarias en municipios ganaderos de la provincia”, según palabras del portavoz, quien añadió que “la lengua azul ya no es un problema local, sino una emergencia nacional”. La moción exige que el Gobierno “active de inmediato la reserva de crisis de la PAC y ponga en marcha un Plan Nacional de Vacunación, que garantice la distribución gratuita de dosis para todos los serotipos siguiendo el modelo de Francia” mientras critica la inacción del ministro de Agricultura, Luis Planas.
Además, esta moción pide “la cooperación del Ministerio con la Junta para reforzar las medidas de control vectorial y habilitar ayudas extraordinarias a los ganaderos, además de un reconocimiento público a la labor de ganaderos, veterinarios y Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), que están en primera línea contra la enfermedad”.
AULAS DE EXÁMENES
La segunda moción del PP aborda la “defensa de la asunción de competencias por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT)” y se opone a que “los ayuntamientos asuman los gastos de las aulas de exámenes teóricos”. El portavoz recuerda que “la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico” y que, por tanto, “corresponde al Estado, y no a los municipios, sufragar los gastos derivados de su prestación”.
Martín Romero señala que, hasta ahora, los municipios como Puente Genil y Pozoblanco proporcionaban el local, el mantenimiento y el mobiliario, mientras la DGT gestionaba el personal. Sin embargo, la DGT propone una adenda al convenio para que los ayuntamientos cubran toda la inversión necesaria para adaptar las aulas actuales. El PP considera que esta acción “es una carga económica que no les corresponde a los municipios y es un ataque directo a la suficiencia financiera” de las corporaciones locales.
Por último, la moción insta a la DGT a que asuma la inversión en equipamiento y su mantenimiento, solicitando también a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que apoye a los ayuntamientos ante este “intento de trasladar competencias impropias”.
