Productores de arroz valencianos critican el nuevo acuerdo del GSP por insuficiente protección

Organizaciones agrarias valencianas critican el nuevo marco del GSP por considerarlo insuficiente para proteger al sector arrocero.

Las organizaciones AVA-Asaja y la Unió Llauradora han expresado su descontento con la reciente modificación del Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP), argumentando que el límite establecido para activar la cláusula de salvaguardia es excesivamente alto y no salvaguarda frente a la ‘competencia desleal’ en las importaciones.

Según AVA-Asaja, el acuerdo ‘no solo no asegura un entorno de competencia equitativo, sino que incrementa la vulnerabilidad del cultivo de arroz tanto en España como en la UE’. Consideran que el acuerdo político ‘no refleja la realidad del mercado, caracterizado por un incremento de importaciones de países en desarrollo’, según señalan.

La entidad ha criticado que se haya perdido ‘una ocasión crucial para implementar un mecanismo automático de salvaguardia eficaz contra el aumento desmesurado de importaciones de arroz a precios reducidos’. Miguel Minguet, presidente del grupo de trabajo de arroz de Copa-Cogeca y tesorero de AVA-Asaja, ha declarado que ‘las instituciones europeas condenan al sector arrocero a desaparecer’.

Asimismo, han detallado que el umbral de activación establecido, 562.000 toneladas, ‘es mucho mayor que el volumen que el mercado puede manejar’. ‘Este año, alcanzando 547.000 toneladas, menos del límite impuesto, ya se ha observado un desplome de los precios en origen’, agregaron desde la organización.

AVA-Asaja ha calificado de inaceptable que, tras cuatro años de negociaciones, la definición de ‘situación excepcional’ se base en cifras que ya han deteriorado el mercado. De este modo, la cláusula de salvaguardia queda ‘sin efecto real, al no activarse en los escenarios críticos que el sector ha denunciado durante más de una década’.

Además, han advertido que ‘si esta tendencia persiste, inevitablemente llevará al abandono del cultivo, reducción de superficie cultivable y perjuicios económicos irreparables para el agricultor profesional’, y han añadido que ‘a esta situación se suman nuevas presiones derivadas de futuros acuerdos comerciales’, como los de India y Mercosur.

‘Exigimos que en la ratificación del resultado de los trílogos tanto el Parlamento Europeo (especialmente los eurodiputados españoles) como el Consejo (los países productores, incluida España) rechacen rotundamente el resultado final del trílogo’, subrayó Miguet.

Por su parte, la Unió Llauradora ha lamentado que ‘la Unión Europea, una vez más, no haya sabido proteger las producciones comunitarias’. ‘El compromiso político sobre la reforma del GSP parte de un umbral demasiado alto que pagarán los agricultores valencianos en forma de competencia desleal’, advirtieron.

Esta organización ha manifestado su frustración al constatar que ‘los países exportadores a la UE, después de más de 30 años de fronteras abiertas y exentas de aranceles, siguen siendo los más pobres del mundo según la ONU, lo que genera dudas sobre los beneficios de estas políticas, siendo el arroz uno de sus principales recursos económicos’.

Además, han hecho un llamamiento a los grupos ecologistas dada la importancia del cultivo del arroz en los humedales de la UE, que ‘se verán gravemente afectados si continúa esta tendencia’.

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