Las organizaciones agrarias La Unión de Extremadura, UPA-UCE Extremadura, Asaja Cáceres y Apag Extremadura Asaja, junto a las entidades integradas en la Plataforma del sector arrocero extremeño, Agryga, Aseprex y la Asociación de Agricultores de Don Benito, se han unido este viernes en una acción de protesta frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, ante la situación "al límite" y "crítica" que vive actualmente el cultivo del arroz en la región.
En la concentración no se han exhibido enseñas de las distintas organizaciones convocantes, pero sí numerosas banderas de Extremadura. La movilización ha estado presidida por una gran pancarta con el mensaje 'Paella española con arroz de Camboya' y ha incluido el vertido simbólico de arroz a las puertas del edificio de la Delegación.
En su intervención ante los medios, el secretario general de la Unión de Extremadura y coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha indicado que se trata de la primera de una serie de movilizaciones, y que la siguiente quieren llevarla al Ministerio de Agricultura porque "es imprescindible" ante "lo que está pasando con muchos cultivos, pero especialmente con el arroz", que hasta ahora "tenía un precio que no nos hacía ricos, pero nos íbamos manteniendo".
Según ha señalado, las importaciones procedentes del Sureste asiático, "agravadas ahora" por el acuerdo con Mercosur, han provocado que "el precio del arroz se ha hundido", lo que ha derivado en que mantengan "el 60% de arroz sin vender" y en que "los industriales perfectamente pueden no comprar ningún arroz, porque están abastecidos". A ello suma que no se aplican las cláusulas de salvaguardia y que ni la Junta de Extremadura, ni el Ministerio de Agricultura, ni la Unión Europea "hacen absolutamente nada".
"Nos han abandonado a nuestra suerte, y lo que pedimos es algo muy sencillo, reciprocidad. O sea, queremos que se trate al arroz español, al arroz extremeño en este caso, exactamente igual que el resto de arroces", ha defendido Cortés, reclamando que las importaciones se sometan a las mismas exigencias de calidad. Solo así, ha dicho, podrían competir en precios, pero "en estas condiciones no". También ha exigido un etiquetado "claro" que identifique el origen del producto.
Un sector "al límite de la desaparición"
El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido de que el arroz se encuentra "al límite ya de la desaparición" y ha explicado que más de un 60% de la cosecha de 2025 continúa almacenada, justo cuando arranca una nueva campaña sin que el sector sepa cómo actuar. A ello se suma que "encima" tienen la "obligación" de sembrar este cultivo "con esta situación tan crítica".
Por este motivo, han salido a la calle para exigir al Gobierno y al resto de administraciones que intervengan y "tienen que ver cómo es posible que estén entrando masivamente producciones de terceros países, sin ningún tipo de control", mientras "nuestro arroz está sin vender" no por falta de oferta, sino porque el precio se sitúa unos 100 euros por debajo de los costes de producción, lo que supone "la ruina del sector arrocero".
"Si no continuamos con este sector, si no continúa el arroz en Extremadura, estamos abocados a que muchos pueblos se abandonen. Esta es la situación, esta es la realidad y esta es la verdad. No hay otra, no hay otra. O solucionamos o nos solucionan", ha subrayado Llanos, recordando que entre 1.300 y 1.500 agricultores dependen en exclusiva de este cultivo en Extremadura, donde las principales zonas arroceras se ubican en áreas ZEPA, donde además se les impide cambiar a otros cultivos.
Rentabilidad "nula" y amenaza para los pueblos arroceros
El portavoz de la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, Jesús Manuel Calderón, ha reiterado que el sector atraviesa unas condiciones "críticas" por la "entrada masiva" de arroz de países terceros como Myanmar y Camboya.
"Estábamos ya en una situación muy crítica con esos dos tratados y ahora se nos entra Mercosur, le añadimos el Estrecho de Ormuz y nuestra rentabilidad va a ser nula, con lo cual dudamos mucho de que podamos tirar para adelante con este cultivo", ha lamentado.
Ha recordado igualmente que en Extremadura hay pueblos "enteros" que viven del arroz y que, por ejemplo, en amplias zonas de Las Vegas Altas la economía gira casi en exclusiva en torno a este cultivo, directa o indirectamente. En consecuencia, numerosas familias afrontan un riesgo "importante" porque desconocen si podrán seguir "adelante" con el arroz.
El presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, ha incidido en que, si al encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes se suma que determinadas cadenas de supermercados compran en Myanmar e Indonesia todo el arroz que comercializan en España a precios por debajo de los 2 euros, "el arroz va a desaparecer como cultivo en España" y con él los productores arroceros.
"Una petición muy sencilla, que los políticos vengan a la tierra, que los políticos vayan a los campos de arroz y que echen los cálculos de lo que cuesta producir con las normas que tenemos aquí, no con los productos que nos están mandando el terceros países, la mayor parte de ellos están totalmente contaminados", ha denunciado, advirtiendo de que "están jugando con la salud de miles y millones de europeos".
Por su parte, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha resaltado que esta movilización demuestra la unidad del sector, con organizaciones agrarias y asociaciones actuando en una "unidad de acción" que, a su juicio, debe mantenerse "para sacar adelante las producciones". A su entender, la coyuntura del arroz es "crítica".
"Con la situación que hay de sobrecostes, de hidrocarburos, de fertilizantes y el precio que tiene el arroz, seguro que lo más idóneo sería no sembrar y pararnos el sector agrario", ha opinado Metidieri, que ha pedido que "los señores políticos, de una vez por todas, pongan el acento donde tienen que ponerlo".
En la protesta, además de agricultores y productores, han participado también cargos públicos como el diputado nacional del PP Antonio Cavacasillas y los diputados regionales de Vox María Jesús Salvatierra, Javier Bravo, Eva García Alegre, Juanjo García y Marta Garrido.
Críticas a las medidas del Gobierno por la guerra de Irán
En relación con las medidas que el Gobierno está perfilando para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente las dirigidas al campo, Luis Cortés ha señalado que las consideran "muy insuficientes" y ha remarcado que el sector agrario sufre de forma indirecta las consecuencias del conflicto.
"No puede ser que algunos señores se dediquen a hacer negocio con la guerra, y tanto empresas suministradoras de combustible como de fertilizantes están haciendo negocio, como la Administración".
Óscar Llanos ha manifestado su esperanza en que se aprueben ayudas directas para los agricultores, ya que están comprobando cómo "simplemente" salir a arar les supone entre 150 y 200 euros más al día solo en gasóleo. A su vez, Ángel García Blanco ha recordado que "de momento" no se ha adoptado ninguna medida porque, al parecer, los ministros de Sumar no han querido acudir al Consejo si no se respalda la moratoria sobre alquileres y ocupación, y ha reclamado "que se pongan de acuerdo dentro del Gobierno que las medidas son necesarias" como, por ejemplo, la rebaja del IVA del gasóleo para transportistas y agricultores.
Finalmente, Juan Metidieri ha señalado que todos están comprobando cómo, en primer lugar, "anuncian mucho mediáticamente" las medidas y ha expresado su deseo de conocer "más el contenido". "Vamos a ver qué sale, pero mucho nos tememos que van a ser muy insuficientes para la situación que se está creando en el campo".