Agricultura & Alimentación

Pueblos Vivos denuncia la tramitación sin Autorización Ambiental Integrada de una macrogranja avícola en El Herrumblar

Pueblos Vivos Cuenca cuestiona la tramitación ambiental de una macrogranja avícola en El Herrumblar y el Gobierno regional defiende el procedimiento seguido.

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Pueblos Vivos denuncia la tramitación sin Autorización Ambiental Integrada de una macrogranja avícola en El Herrumblar

Pueblos Vivos denuncia la tramitación sin Autorización Ambiental Integrada de una macrogranja avícola en El Herrumblar

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La Asociación Pueblos Vivos Cuenca ha denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha esté tramitando mediante Evaluación Ambiental Simplificada y sin Autorización Ambiental Integrada una explotación avícola proyectada en El Herrumblar (Cuenca) que, según se recoge en el propio proyecto, “reconoce que triplicará su tamaño, multiplicando también sus impactos ambientales y en la salud”.

En su comunicado, Pueblos Vivos detalla que la instalación se plantea inicialmente para alojar 41.000 pollos de engorde por ciclo. No obstante, el documento descriptivo presentado indica que el diseño contempla una ampliación hasta tres naves, cada una con capacidad para unas 41.000 aves, lo que elevaría el total a 123.000 pollos de engorde por ciclo productivo.

“Ese tamaño supera con creces el umbral de 55.000 pollos que la legislación marca para que una instalación ganadera intensiva de pollos deba ser evaluada mediante Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, un procedimiento más riguroso y exigente que el simplificado”, ha subrayado la Asociación.

La entidad vecinal señala que el propio estudio de la promotora admite que, una vez construidas las tres naves previstas, el consumo global de agua alcanzará los 7 millones de litros al año, abastecidos a través de un pozo de captación propio que también está pendiente de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El proyecto calcula igualmente una producción de residuos sólidos superior a 5.300 toneladas anuales de estiércol en régimen completo, cuya gestión deberá ser muy estricta para evitar la contaminación del suelo y de los acuíferos. Se menciona la existencia de un almacén de estiércol, pero sin precisar ni sus dimensiones ni su capacidad, ni la periodicidad con la que se retirarán estos residuos.

Además, el documento técnico recoge otros focos de contaminación, como emisiones de amoniaco, metano, dióxido de carbono, polvo y partículas, que se expulsarán al exterior mediante sistemas de ventilación forzada, así como un incremento del tráfico de vehículos pesados y un impacto visual significativo en un entorno rural abierto.

Según Pueblos Vivos, en la documentación no se cuantifican las emisiones totales de gases tóxicos como el amoniaco ni se estudia su dispersión hacia las zonas habitadas, pese a que la explotación se ubicará a poco más de 600 metros del casco urbano. La Asociación reprocha que no se detallen medidas concretas de mitigación de la contaminación en el proyecto remitido a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

“El documento ambiental solo dice que se controlarán las emisiones de amoniaco, pero no aporta cifras pues no se evalúa cuánto amoniaco se emitirá, hacia dónde se dispersará, qué niveles llegarán a la población ni el impacto acumulado anual, por lo que han rechazado el “poco rigor en el documento ambiental, que no cuantifica el amoniaco que se va a generar, cuando este es el principal contaminante de una granja avícola para la población y el medio ambiente”.

Este colectivo vecinal denuncia que “no puede aceptarse que se tramite como Evaluación Ambiental simplificada y sin Autorización Ambiental Integrada una instalación que, su propio proyecto reconoce que triplicará su tamaño, multiplicando también sus impactos ambientales y en la salud”.

Respuesta del Gobierno regional

Por su parte, fuentes de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible han señalado a Europa Press que se ha requerido a los promotores del proyecto tanto documentación complementaria como la adaptación de diversos aspectos relativos a su incidencia ambiental, además de las evaluaciones y actualizaciones que competen a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca).

Según explican estas fuentes, todo ello se está realizando al amparo del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

La documentación adicional se ha ido incorporando al expediente, que continúa su tramitación en esta fase a través de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cuenca en periodo de “Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria”. Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que la tramitación ambiental que está llevando a cabo la Administración es “correcta, rigurosa, y la que corresponde al proyecto presentado en sus diferentes fases”.

Asimismo, el Gobierno regional recuerda a la Asociación Pueblos Vivos de Cuenca que, como ocurre con todos los proyectos que se tramitan en Castilla-La Mancha, puede presentar cuantas alegaciones considere oportunas “en el tiempo y en la forma que corresponda”.