La campaña 2025/2026 marca un punto de inflexión en la producción de frutos secos en España, iniciada en septiembre tras superar adversidades climáticas como heladas y sequías. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras un análisis conjunto con el sector este martes, anticipa una notable recuperación.
Se espera que la producción de almendra con cáscara, que ocupa el 84% del área total dedicada a frutos secos, alcance las 467.521 toneladas, lo que supone un incremento del 24% respecto a la campaña anterior y un 8% más que el promedio de los últimos cinco años, de acuerdo con los Avances de Superficies y Producciones de cultivo de junio.
Este volumen proyectado establecería un nuevo máximo en la serie histórica. Durante la reunión, también se evaluaron las proyecciones para otros frutos como la avellana y el pistacho, este último con estimaciones disponibles por primera vez para junio de la campaña 2025/2026, mostrando igualmente un aumento significativo en su producción.
Se destacó el crecimiento de la superficie dedicada a estos cultivos, lo que implica un potencial productivo incremental del 13% en almendra (20,5% en regadío), 18% en nogal y 60% en pistacho, a la espera aún de su entrada en producción efectiva.
El análisis del ciclo anterior resaltó que las exportaciones de almendra generaron más de 300 millones de euros, evidenciando un aumento del 58% en comparación con el año previo y marcando un récord. La almendra representa el 90% del valor de las exportaciones de frutos secos de España, con incrementos notables tanto en destinos europeos como en países no comunitarios como Turquía o Egipto.
En otro orden de ideas, se revisaron los acuerdos fitosanitarios clave para la exportación e importación de frutos secos, y se discutió sobre el borrador de un protocolo fitosanitario para exportar pistachos a China, actualmente en revisión y consulta técnica con el sector.
Finalmente, la reunión abordó los resultados de las ayudas asociadas a la producción de frutos secos en secano y los avances en la reforma de la Política Agraria Común, que continuará apoyando al sector a través de programas operativos para la producción comercializada.











