QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con la llegada del Black Friday, la Confederación Española de Comercio (CEC) ha hecho un llamamiento al Ministerio de Consumo y a las autoridades pertinentes para que «intensifiquen la vigilancia» sobre las grandes plataformas de venta online en España, en particular sobre aquellas acusadas de emplear «prácticas reiteradas de publicidad engañosa» y ofrecer descuentos ficticios, según se detalla en un comunicado oficial.
La CEC ha destacado las acciones previas de Consumo, que impuso sanciones a diversas entidades durante el Black Friday de 2023 por promociones falsas, evidenciando prácticas que vulneran los derechos de los consumidores y que «distorsionan el mercado y perjudican gravemente» al comercio de menor escala.
«Consideramos que dichas sanciones deben ser no solo realmente eficaces y disuasorias, siguiendo el ejemplo de países como Francia, sino también públicas. En defensa de los derechos de los consumidores, debemos exigir transparencia en la publicidad de los nombres de las empresas o plataformas infractoras», han subrayado desde la patronal.
Asimismo, han insistido en la importancia de proporcionar «información clara y accesible» para que los consumidores tomen decisiones «responsables y conscientes». «La transparencia es una herramienta esencial para garantizar una leal competencia en el mercado y proteger al consumidor frente a prácticas abusivas», han enfatizado.
Además, la CEC ha recordado que no se puede esgrimir la protección de datos para evitar nombrar a las empresas sancionadas. Una resolución del Tribunal Supremo establece que las personas jurídicas no gozan del derecho a la protección de datos personales, un derecho exclusivo de las personas físicas. «Esta sentencia aclara que la transparencia y el derecho de acceso a la información pública prevalecen en estos casos», han reafirmado.
Por todo esto, la organización demanda un incremento en la vigilancia y seguimiento de grandes plataformas y cadenas durante eventos promocionales como el Black Friday, así como la aplicación de «sanciones efectivas» que realmente disuadan y la divulgación pública de las empresas penalizadas para proteger los derechos del consumidor y asegurar una competencia justa.
Finalmente, han recordado que el pequeño comercio se decanta por un modelo que prioriza la calidad, el trato personalizado y la responsabilidad hacia el consumidor, y solicitan que las normas del mercado sean «justas» para todos.
