La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, ha expresado su malestar por el “profundo golpe” que, a su juicio, supone para la flota cántabra la reducción del 70% en las posibilidades de captura de verdel acordada esta madrugada en la reunión negociadora de la Comisión Europea, en la que se han fijado los totales admisibles de captura (TAC) y las cuotas para 2026 en el Atlántico norte y el Mediterráneo.
En un audio difundido por el Ejecutivo regional, Susinos ha reprochado la “inacción” y la ausencia de una respuesta anticipada por parte del Gobierno central para tratar de amortiguar los efectos de una decisión que considera “inaceptable” y que califica de “recorte brutal” para un sector que “ha cumplido con todas las exigencias” de la UE y que “ha demostrado ser un sector totalmente comprometido con la sostenibilidad”.
La consejera ha avanzado que el Gobierno de Cantabria, “a pesar de las dificultades presupuestarias a las que se enfrenta” por la prórroga de las cuentas de 2025, “tomará las medidas de apoyo necesarias para este segmento de flota, constituido por más de 70 barcos y 250 familias que viven de la pesquería del verdel”.
La decisión adoptada en Bruselas
Tras dos intensas jornadas de negociación en Bruselas, los Veintisiete cerraron un pacto que sigue “al pie de la letra” la recomendación de los científicos sobre la captura de verdel en el Atlántico nororiental, lo que obliga a aplicar un recorte del 70% en las capturas y a fijar un TAC provisional limitado al primer semestre del próximo año.
Las medidas de conservación ya vigentes se incorporan al reglamento de pesca de 2026, que respalda la mejora del estado de los caladeros y reconoce que en esa evolución han tenido “gran peso” las inversiones y modernización de las flotas, con mejoras en los buques, “por lo que esta decisión europea vuelve a poner en entredicho la viabilidad del sector pesquero cántabro”, ha subrayado Susinos.
Según ha detallado, para la flota de artes fijas y menores de Cantabria el nuevo reparto implicará pasar de los 2.400.000 kilos del pasado ejercicio a 1.700.000 kilos, con el “único alivio” de la posibilidad de recuperar el 10% de lo acordado en 2025 que no se haya llegado a pescar, una cantidad que podría rondar los 240.000 kilos.
Además, y “sin perjuicio de lo anterior”, la flota de cerco también se verá “igualmente” afectada por esta decisión “drástica”, aunque en menor medida que los pescadores artesanales, ha puntualizado la consejera.
Susinos ha censurado que Bruselas “no reconoce sus esfuerzos” a un sector cuya actividad económica “vertebra el territorio y contribuye al desarrollo de la región” y que, en su opinión, “no merece el maltrato” al que la Comisión “año tras año le somete de manera injustificada”.
Asimismo, ha cuestionado el modelo de la Comisión Europea para adoptar este tipo de acuerdos “siempre” a finales de año, un calendario que, según ha indicado, “fragiliza” a las empresas a la hora de diseñar sus planes de gestión y tiene una “notable relevancia” en la economía regional, al repercutir “en todos los eslabones de la cadena pesquera” y en los consumidores “por el alza de precios”.










