Las principales organizaciones agrarias y ganaderas han decidido suspender la concentración que estaba convocada para este miércoles 18 de marzo frente a la Subdelegación del Gobierno, entre las 11,00 y las 13,00 horas, respaldada por varios ayuntamientos de la provincia de Granada. La movilización se había organizado para denunciar la exclusión de seis comarcas granadinas del decreto estatal que regula las ayudas por los daños ocasionados por los temporales de enero y febrero.
Una de las entidades convocantes, Asaja, ha informado en un comunicado de que la decisión de aplazar la protesta responde “por una posible solución a las demandas del sector planteada por el Ministerio” en la tarde de este martes.
Pese a este cambio, las organizaciones promotoras, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias mantienen la comparecencia ante los medios prevista a las 11,30 horas para detallar las razones del aplazamiento y advierten de que, “de no obtener respuesta satisfactoria” a sus reclamaciones en la negociación, “se retomarían las acciones en la calle”.
El sector critica que el actual decreto estatal de ayudas por los temporales dejaría sin cobertura a más de 17.000 agricultores pertenecientes a 34 cooperativas, por lo que defienden la necesidad de “unir fuerzas para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia”. El encadenamiento de borrascas provocó lluvias muy intensas, inundaciones y numerosos daños en explotaciones agrarias, infraestructuras y caminos rurales.
Estos fenómenos meteorológicos se produjeron, además, en un contexto especialmente frágil para el campo granadino, que “arrastra varios años de sequía muy severa que ya ha reducido de forma importante los rendimientos y las rentas de muchas explotaciones”, tal y como han recordado las principales organizaciones agrarias.
El Gobierno central aprobó el pasado 19 de febrero un Real Decreto-ley con medidas para compensar los daños causados por estos temporales, que incluye un paquete de 2.874 millones de euros destinado al sector agrario, según los datos facilitados por estas organizaciones. De ese montante, “2.174 millones se destinan a ayudas directas para agricultores y ganaderos con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas”.
Sin embargo, Faeca, Asaja, COAG y UPA denuncian que “el decreto establece una delimitación territorial de los municipios afectados que deja fuera a seis comarcas de la provincia de Granada pese a haber sufrido daños”. Las áreas excluidas son Los Montes, Alpujarra, Valle de Lecrín, Guadix, Baza y Huéscar. Esta exclusión implicaría que 34 cooperativas quedasen sin acceso a las ayudas y afectaría directamente a unos 23.500 agricultores y ganaderos de la provincia, de los cuales 17.600 están integrados en cooperativas.
De mantenerse esta situación, las cooperativas granadinas dejarían de percibir en torno a 63 millones de euros en ayudas, lo que supondría entre 5.000 y 25.000 euros por explotación, en función de la renta de 2024. En total, la provincia dejaría de ingresar unos 84 millones de euros, de acuerdo con estas estimaciones.
Las pérdidas totales calculadas superan los 117 millones de euros, cerca del 40 por ciento de la producción, concentradas sobre todo en el olivar (más de 84.000 hectáreas afectadas, de las que el 75 por ciento pertenecen a cooperativas), aunque también se registran daños en cereal. El sector subraya además que las comarcas excluidas del decreto coinciden en buena medida con algunas de las zonas agrarias más desfavorecidas de la provincia, donde las rentas son más bajas y existen mayores problemas estructurales.
Por todo ello, las organizaciones exigen “la revisión inmediata del decreto y la inclusión de las comarcas afectadas”. En este contexto, hacen un llamamiento a agricultores, ganaderos, cooperativas y representantes institucionales de toda la provincia para sumarse a la movilización en defensa del campo granadino si finalmente se reactivan las protestas.
Según los datos que maneja Faeca, 34 cooperativas de las comarcas de Los Montes, La Alpujarra, Guadix, Baza y Huéscar quedarían sin posibilidad de acceder a las ayudas directas previstas en el decreto estatal, lo que impactaría en 17.600 agricultores y ganaderos socios de estas entidades. Estos productores declararon en el último ejercicio una facturación conjunta de 222 millones de euros, con una media aproximada de 12.600 euros por agricultor.
Si pudieran optar a las ayudas contempladas, recibirían alrededor de un 30 por ciento de esa renta, lo que se traduciría en unos 5.000 euros de media por agricultor. En términos globales, la exclusión de estas comarcas implicaría que la provincia de Granada dejara de “percibir alrededor de 63 millones de euros, una cantidad clave para explotaciones que ya presentan rentas bajas y que han sufrido importantes daños”, han señalado este martes desde Faeca.