Tractorada en Ávila este viernes contra la competencia desleal, la burocracia y los acuerdos comerciales injustos

Ávila vivirá una tractorada este viernes para denunciar competencia desleal, burocracia asfixiante y acuerdos comerciales que ponen en riesgo al campo.

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Agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila se movilizarán este viernes, 30 de enero, con una tractorada organizada por UCCL, Asaja y la Alianza UPA-COAG para denunciar la competencia desleal, la presión burocrática y los acuerdos comerciales considerados injustos.

La marcha comenzará a las 11.00 horas en San Vicente y recorrerá varias calles de la capital hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno, donde reclamarán a las administraciones y a la Unión Europea “reglas justas, reciprocidad y respeto al sector primario”, según han señalado a Europa Press las organizaciones convocantes.

Esta acción se integra en el calendario de protestas que se desarrollan en toda España desde el lunes 26 hasta el 30 de enero, con el jueves 29 como jornada clave, en defensa “del futuro del campo y de la alimentación europea”.

Las tres organizaciones agrarias impulsan en Ávila estas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur “por la falta de garantías presupuestarias”, el aumento “inasumible” de los costes de producción y una burocracia “asfixiante” que, a su juicio, pone en riesgo la continuidad del sector y termina afectando directamente al consumidor.

Han recalcado que las movilizaciones del campo no se dirigen contra Europa ni contra el comercio internacional, sino que “son una llamada firme, clara y legítima” para denunciar que no se puede legislar “de espaldas” a agricultores y ganaderos ni “convertirlos en la variable de ajuste” de decisiones políticas, comerciales o geopolíticas que terminan pagando siempre los mismos.

Uno de los ejes centrales de la protesta es el rechazo al acuerdo con Mercosur, al que califican como un “ejemplo claro” de “comercio sin reciprocidad”.

Competencia “desleal” y falta de reciprocidad

En esta línea, han subrayado que la entrada de productos agrícolas y ganaderos de terceros países, producidos bajo normas sanitarias, fitosanitarias, laborales y medioambientales “mucho más laxas” que las europeas, genera “una competencia desleal inasumible”.

Por ello, sostienen que no se trata de “libre comercio”, sino de “poner en riesgo” la viabilidad del campo europeo y la seguridad alimentaria de los consumidores.

“El sector no se opone a los acuerdos comerciales, al contrario: sí a los acuerdos, pero con condiciones justas”, han insistido las organizaciones agrarias, que citan como referencia el reciente pacto con India, que consideran una muestra de que otra política comercial “es posible” cuando se atienden las reivindicaciones del sector, ya que los productos más sensibles han quedado excluidos gracias a la presión de agricultores y ganaderos. “Ese es el camino, abrir mercados sin sacrificar sectores estratégicos”, han añadido.

Los convocantes reclaman también reciprocidad “real” y controles “eficaces” en frontera, al entender que “no es aceptable” prohibir determinadas sustancias y prácticas a los productores europeos mientras se permiten en las importaciones. “Las mismas reglas deben aplicarse a todos, con controles reales, no simbólicos”, han remarcado.

A este escenario se suma una burocracia “asfixiante”, que obliga al agricultor europeo a dedicar más tiempo “entre papeles” que en el campo, con “normas complejas, cambios constantes y exigencias alejadas de la realidad productiva” que, según alertan, ponen en peligro miles de explotaciones. Por ello, reclaman “menos burocracia y más sentido común”.

PAC, costes disparados y conflictos bélicos

Las organizaciones agrarias han precisado que “por supuesto” defienden y reclaman un presupuesto agrario sin recortes, en términos constantes, dentro del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, y rechazan la propuesta de la PAC 2027-2033, al entender que no sitúa en el centro al agricultor ni al ganadero profesional. Reiteran además su defensa de “los dos pilares” actuales de la PAC: las ayudas directas y el desarrollo rural.

Advierten igualmente de que unos costes de producción “disparados” —como energía, fertilizantes, fitosanitarios, piensos o mano de obra— hacen “inviable” la actividad cuando los precios en origen no cubren los gastos. “No se puede hablar de sostenibilidad ni de futuro si no hay rentabilidad”, han subrayado.

Asaja, UPA-COAG y UCCL han expresado también la “denuncia” del campo por el impacto de la guerra de Ucrania y de una globalización mal gestionada, que ha alterado los mercados y los flujos comerciales sin que el sector dispusiera de una “red de seguridad suficiente”, de modo que, de nuevo, “el golpe” lo ha soportado el productor.

Asimismo, han marcado como “línea roja” la sanidad animal, criticando que Europa exija el máximo nivel de protección a sus ganaderos mientras permite la entrada de animales o productos de terceros países sin las mismas garantías, lo que, advierten, compromete explotaciones enteras y es un aspecto que consideran “no es negociable”.

Fauna salvaje y llamada a la unidad del campo

Por otro lado, han insistido en que no olvidan las necesidades de inversión para modernizar las explotaciones en la provincia de Ávila ni la defensa del sector ganadero frente a la fauna salvaje que afecta “de manera muy especial” al territorio, como el lobo, que provoca pérdidas cercanas a 10 millones de euros en Castilla y León y más de 3 millones en Ávila, además de los daños ocasionados por jabalíes o plagas de conejos.

“En definitiva, el mensaje del campo es claro: el sector quiere producir, exportar y competir, pero con reglas justas”, han señalado las organizaciones, que insisten en que no reclaman “privilegios”, sino “coherencia, reciprocidad y que Europa escuche al campo” porque “sin agricultores y ganaderos no hay soberanía alimentaria, no hay mundo rural y no hay futuro”.

Por ello, han llamado a todo el sector agrario a que se “una” en esta reivindicación para reclamar lo que consideran “equidad” y han recordado el reciente precedente de Bruselas, con la paralización del acuerdo, como prueba de que “la unión e insistencia pueden conseguir los objetivos propuestos”.